El Ministerio Público brasileño señala que la PGR no ha firmado un acuerdo para el intercambio de este tipo de datos

La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la PGR no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.

El ministerio público brasileño explicó en un escrito que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.

La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y ex presidentes, en una decena de naciones de la región. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a calificar esta investigación como “el caso de sobornos en el extranjero más grande de la historia”.

La gran mayoría de los países afectados tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.

México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.

“En el caso de Venezuela es clarísimo porque se trata de una dictadura corrupta y aunque es el país donde más contratos ha tenido Odebrecht, o se sabe absolutamente nada”, afirmó José Ugaz, presidente del capítulo de Transparencia Internacional en Perú y experto en temas de corrupción.

“En el caso México, tiene que ver con la falta de independencia del procurador general y presumo que con que personas del entorno del Presidente de la República como el señor [Emilio] Lozoya [exdirector de Pemex] y otros, están también vinculados a estos casos”, agregó.

Odebrecht confesó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.
El escándalo creció a finales de 2017 con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de ex ejecutivos de la constructora –como el ex director en México, Luis de Meneses–, que involucraban directamente al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Pese a estas evidencias la PGR no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia le pidió divulgar los datos disponibles para facilitar “la rendición de cuentas” y “el control sobre el actuar de la autoridad”, según un comunicado de principios de octubre.

La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.

En varios comunicados sobre el tema, la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a diez funcionarios y nueve exfuncionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.