Los programas sociales que maneja el gobierno del Estado, así como el alta de los beneficiarios y la entrega de vales para las acciones de adoquín, drenaje y material de construcción correspondientes al Programa de Infraestructura Social Básica, fueron cerrados y entregados antes del seis de mayo de 2013.

Desde esa fecha, no se han realizado altas o bajas de beneficiarios. Asimismo, ningún servidor público ha efectuado reuniones públicas para promover la entrega a la población de alimentos, materiales o ayudas asistenciales y tampoco se ha realizado difusión de algún programa de carácter social.

Ninguna dependencia del Gobierno del Estado tiene camiones que actualmente distribuyan materiales o alimentos; como tampoco hay servidores públicos cuya función o actividad actual implique la afiliación a programas o la entrega de alimentos, apoyos o materiales.

En este año, y con el fin de garantizar la transparencia y el buen uso de los programas sociales, la actual administración por primera vez informó por escrito a los comités y a los beneficiarios del Programa de Infraestructura Social Básica, que este esquema “es público, ajeno a cualquier partido político y queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

La decisión de notificar por primera vez, por escrito, del carácter público de los esquemas de infraestructura social básica y vivienda digna a los beneficiarios tiene, además, el propósito de que estén seguros de que su aportación no está sujeta, ni condicionada.

Asimismo, los proveedores de materiales también fueron debidamente notificados del carácter público de estos programas y de que debían cumplir con las acciones previstas en este esquema antes del seis de mayo de este año.

El tráiler doble remolque, que supuestamente distribuía materiales para la construcción con fines proselitistas en Tzompantepec, es propiedad de la empresa Aresa Bauen y los choferes y el personal de auxilio para la carga y descarga también son empleados de esa empresa.