GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2013).- El gobernador Aristóteles Sandoval publicó las reformas al Código Penal que señalan que es delito no reportar las cuotas de los burócratas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

De acuerdo con estas modificaciones legales, los funcionarios que no reporten sobre los recursos que les descuentan a los trabajadores al Instituto de Pensiones podrían hacerse acreedores a sanciones que van de tres hasta 15 años de prisión.

Según las reformas aprobadas por el Pleno del Congreso, la Fiscalía General investigará los casos sólo si el Ipejal o el servidor público afectado se quejan ante la autoridad correspondiente.

El Artículo 301 señala que se impondrán de tres a 15 años de prisión a los funcionarios públicos que no informen sobre las retenciones que realizan a sus empleados, por concepto de Pensiones del Estado.

Las sanciones económicas y penales se fijarán de acuerdo con la cantidad no reportada al Instituto.

El Código Penal, en su Artículo 304, también se refiere a las sanciones para aquellos funcionarios que presenten documentos falsos para obtener prestaciones que no le corresponden o que mientan sobre su antigüedad para obtener beneficios de Pensiones del Estado.

Aunque no quedó especificado que el delito se tipificaría como peculado, sí quedó estipulado como ilícito en materia de seguridad social de los servidores públicos.