GUADALAJARA, JALISCO (04/AGO/2013).- Algunas empresas que sirven de intermediarias para gestionar préstamos o créditos recurren al engaño verbal, explica Arturo Espinoza Sonora, coordinador de Conciliación y Quejas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Jalisco.

“Hay que leer muy bien los contratos, si no los comprendemos no los firmemos, y como todo, hay empresas que gestionan créditos y otras que no lo hacen; por lo tanto, sugerimos a la ciudadanía que si opta por este tipo de giros lo haga con toda conciencia y asesorados. Si lo que nos comentan verbalmente no está estipulado en el contrato, es mejor no firmarlo”.

Comenta que las quejas se incrementan por la facilidad con la que ofrecen o mencionan el servicio: “Hay veces que dan por un hecho el préstamo o crédito, pero no mencionan los términos y condiciones del otorgamiento. La Profeco revisa los mecanismos para tomar medidas necesarias en contra de estas empresas que engañan verbalmente al consumidor. Y es que lo que prometen, en algunos casos, no está por escrito en el contrato”.

No obstante, Espinoza Sonora menciona que el contrato que éstas elaboran es regulado por el Código Civil del Estado, de manera que prestan un servicio profesional: “Sus cláusulas las hemos revisado y al momento no son lesivas hacia el consumidor; la ley no prevé que el contrato tenga que estar registrado ante la Profeco”.

Expone que además de engaños verbales, actúan con factores que resultan ser distractores para el consumidor: “Cuando un hombre acude a estos lugares una señorita muy guapa y agradable lo atiende de la mejor manera posible. Esto es un gancho para asegurar a un cliente; y ocurre en viceversa con las mujeres interesadas en el servicio. Operan de manera que el trato sea el mejor para convencer y firmar sin mayor problema un contrato. Hay que tener precaución con esto, y poner mayor atención al documento más que a los intermediarios”.

Asimismo, comenta que por concepto de gestión, tiene registro que estas empresas llegan a cobrar de dos mil hasta 50 mil pesos por gestionar un préstamo o crédito.

Cuando resultan irregularidades en contratos, las sanciones a éstas varían dependiendo la gravedad en el asunto, reincidencia y el monto de operaciones con el que se maneja o constituye esta sociedad. Por cada uno de estos conceptos una multa puede llegar a los 21 mil pesos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Autoridades, omisas a voracidad de los préstamos

Ignacio Román (académico del ITESO)

Se propagan con mayor frecuencia los diferentes negocios que ofrecen efectivo de manera inmediata; sin embargo, generalmente realizan cobros voraces a sus clientes sin que las autoridades les pongan límites.

Así lo explica el especialista en economía por el ITESO, Ignacio Román, quien hace hincapié en la necesidad de que el Estado genere competencia a la iniciativa privada en materia de financiamiento para generar mejores condiciones en el giro.

“Mientras no exista una mecánica de desarrollo que efectivamente pueda generar una actitud de competencia frente al sector privado, entonces este sector privado, que en algunos casos llega a ser depredador, puede actuar de una manera relativamente impune. No por cuestiones de orden legal, sino por cuestiones de orden fáctico, es decir, la gente necesita dinero y va a recurrir a conseguir dinero por donde sea”.

Uno de los casos de servicios de préstamos rápidos es el de pequeñas compañías que se dedican a gestionar créditos y a cobrar por ello, mismas que, señala el experto, aunque abusan con los cobros, seguirán castigando el patrimonio de quienes recurran a éstas ante la precariedad de opciones cuando hay urgencia de dinero.

Otro factor que juega en contra del solicitante de estos servicios es la falta de información. Regularmente, este tipo de giros que consigue créditos lanzan anuncios engañosos y ambiguos, aunado a que las autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no los sancionan ni publican información concerniente al tema para la protección de los solicitantes, aspectos que contribuyen a que estos negocios abusen en la impunidad.

Para el experto, es necesario que el Gobierno federal genere mejores condiciones crediticias para detener los excesos de la iniciativa privada, aspecto que omite la reforma financiera.

“Una posición que no está desarrollada en la reforma financiera es mucho mayor regulación sobre el poder de las entidades financieras formales”.

CRÓNICA

Enganchar con mentiras y convencer con perfume

“Estoy buscando un préstamo por un millón de pesos”. “Excelente, señorita, ¿le agendo una cita con el asesor para que le explique los detalles?”, responde una voz del otro lado del teléfono, y añade que para informar sobre tal cantidad es necesario hablar en persona: “Para la cita se requiere que traiga su identificación oficial, un comprobante de domicilio y su CURP”, advierte, aunque la intención de apersonarse no va más allá de pedir informes.

Ya en el piso uno del domicilio pactado, la sonrisa, corbata, perfume y apretón de manos de un musculoso asesor reciben a la posible clienta. Ofrece asiento y bebida, para finalmente escuchar de la solicitante su intención de conseguir un préstamo por un millón de pesos.

“Claro que sí, lo primero que se necesita es la documentación completa para ver la viabilidad del préstamo… ¿la trae?”, y recibe una negativa. Pero eso no impide continuar con la cotización y con los detalles que el llamativo anuncio del periódico omitió.

La publicidad que ella vio en el impreso y que la llevó hasta ese edificio es escueta, engañosa: “Paga tus deudas. De 50 mil hasta seis millones de pesos. Sin buró. Asesoría financiera totalmente gratuita. 12 años nos respaldan. Una mensualidad gratis mencionando este anuncio”.

Pero ya frente a frente vienen las verdades: no prestan dinero, sólo son intermediarios para conseguir el crédito en bancos, y por eso cobran una comisión del préstamo solicitado al inicio y al final del trámite. Una deuda por un millón de pesos se otorga a personas con ingresos superiores a 30 mil pesos mensuales y menores de 45 años de edad, porque la pagará en un plazo de 30 años. Para adquirirlo hay que entregar las escrituras de una vivienda u otro inmueble de valor… entre otra serie de letras chiquitas.

“En el periódico hay una tabla donde dice que si pides un millón, pagas mil 600… ¿Eso en qué plazo es?”, se le pregunta al amable asesor. “Es una cuota variable que hay que pagar a la semana, pero nada más es como referente, ya depende de cada trámite”, responde, y a la oficina de seis escritorios llegan dos solicitantes más, atraídos también por los confusos anuncios del periódico.

Pero como esta clienta no trae su documentación y el trámite no será un hecho por hoy, se retira, no sin que el asesor le haya requerido su nombre completo y teléfono, “para orientarla sobre los documentos que hay que traer la próxima vez”.