Por Gerardo Santillán

TLAXCALA, Tlax.- Con el fin de prohibir las cuotas escolares desde preescolar hasta bachillerato, incluso como constitución de fraude en caso de exigirlas, la diputada panista, Agripina Fernández Hernández, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación, en sus artículos 97 y 100.

En sus argumentos expuestos en la sesión ordinaria del martes, la legisladora señaló que no debe ser procedente establecer un monto económico forzoso a los padres de familias, para que un estudiante tenga derecho a recibir instrucción en las escuelas públicas.

Y es que calificó de “utópico” el que la Ley en la materia señale que la instrucción educativa debe ser gratuita, habida cuenta de que en prácticamente todas las escuelas públicas se condiciona la aceptación de alumnos a cambio de cuotas desde la propia inscripción.

La representante popular sugirió en el caso de la modificación al artículo 97, que en ningún caso la prestación de servicios educativos en las escuelas públicas, podrán ser condicionados a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones o dádivas.

Mientras que al 100 se busca regular la función de las asociaciones de padres de familia, para que la recaudación de fondos sea de carácter voluntario y no obligatorio,  ni que se entiendan como contraprestaciones del servicio educativo.

En su exposición, Fernández Hernández sostuvo que “desde hace décadas, en las escuelas públicas se suscita una práctica que ha perturbado el principio de gratuidad de la educación, puesto que al inicio de cada ciclo escolar, mediante los órganos directivos o a través de las asociaciones de padres familia, se impone al padre de familia la obligación de realizar el pago de aportaciones que, en muchos casos, se convierten en exigencias que condicionan el acceso y la permanencia, provocando con ello condiciones que propician la desigualdad en oportunidades educativas y limitan severamente el progreso individual del educando”.

Precisó que la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia en la institución y la entrega de documentos y otros servicios en las escuelas del sector público, de ninguna manera deben estar sujetas a aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en efectivo.

Por si fuera poco, propuso reformar la fracción VII del artículo 100 de la Ley de Educación, para establecer que “cometería el delito de fraude quien exija el pago de cuotas de inscripción”.

En otro orden de ideas, los congresistas aprobaron las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2012 del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico del Estado, el Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados y el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala.