GUADALAJARA, JALISCO (03/SEP/2013).- La titular del área jurídica del Congreso local, Raquel Álvarez, tiene una nueva encomienda, presentar una demanda en contra de quien resulte responsable por realizar contratos que afectan los intereses del Legislativo.

En esta ocasión se trata de ex diputados o ex funcionarios de la pasada Legislatura que firmaron un convenio “desventajoso” para el Congreso.

La presidenta de ese órgano parlamentario, diputada Celia Fausto Lizaola, informó a sus compañeros, el estado que guarda la compra e instalación de dos elevadores para el edificio ubicado en la calle Juárez.

“Se trata de una situación adversa para el Legislativo ya que no se cuenta con documentación original para defenderse de la demanda legal que interpuso el proveedor alegando incumplimiento de contrato”, explicó la diputada perredista.

Los legisladores integrantes de la Comisión de Administración avalaron, por unanimidad, contratar a un perito para determinar si es viable la opción de instalar sólo uno de los dos elevadores que se habían comprado en un principio”.

En el contrato, el proveedor demanda un pago de 77 mil 300 euros por colocar dos elevadores o un elevador por 398 mil pesos; debido a que los diputados no cumplieron con este contrato, el proveedor demando al Congreso por 100 mil 160 euros que se traduce en un millón 686 mil pesos.

Debido a estas irregularidades, los legisladores avalaron a la dirección jurídica presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable por la firma del convenio “desventajoso”.

Los diputados también acordaron modificar el acuerdo interno CA020/2013 para dar claridad respecto a no incrementar el salario a diputados, secretario general, directores, personal de base con un ingreso superior a los 39 mil pesos mensuales netos, así como al personal contratado en la presente Legislatura bajo el carácter de supernumerario.

El vocal de la Comisión de Administración, Miguel Castro, solicitó ante legisladores que reconsideraran la propuesta que se votó hace algunas semanas para que el incremento fuera general, los legisladores no avalaron modificar la propuesta original.

La Comisión de Administración, además aprobó que el área administrativa y financiera compren monederos electrónicos que se entregarán a servidores públicos del Poder Legislativo, con ello, pretenden subsanar beneficios señalados en las condiciones generales de trabajo, tales como la realización de eventos para celebrar el día de la madre, de la secretaria y del servidor público, entre otros.

Sin embargo, los legisladores no avalaron la petición realizada por el Sindicato de Servidores Públicos del Poder Legislativo donde se planteaba la compra y entrega de uniformes para un total de 195 personas. Los legisladores consideraron que actualmente no hay la solvencia presupuestal para entregar dicha prestación.