TLAXCALA, Tlax.- El representante de los trabajadores de los tres poderes y los municipios ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA), Pedro Erazo Rivera, se amparó ante la justicia federal con tal de evitar se consume una sanción administrativa que le abrió la Contraloría del Ejecutivo, por presuntamente cobrar dos sueldos en diferentes dependencias.

El contralor, Hugo René Temoltzin Durante, confirmó que está pendiente ese procedimiento sancionatorio porque se dirime en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tlaxcala, en el expediente 1724/2013, el amparo que promovió el ex secretario general del sindicato de burócratas 7 de Mayo.

Aunque no quiso dar detalles más precisos del caso porque éste aún no concluye, se conoció que Erazo Rivera cobra como servidor público en el TECyA y, al mismo tiempo, se encuentra en la nómina de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) en un puesto no identificado.

De hecho, la nómina de la USET fue revisada por la entonces Secretaría de la Función Pública del Estado (SFPE), la cual descubrió la supuesta presencia de esa persona, por lo que se abrió una investigación para determinar su comportamiento.

Esa condición debía ser aclarada por Erazo Rivera en una audiencia que estaba programada para el próximo 10 de octubre próximo; sin embargo, éste promovió un amparo para su aplazamiento y con ello la sanción también se encuentra suspendida.

Pero de hecho, la propia negativa del servidor público a presentar sus alegatos le costó la sanción administrativa, la cual podría llegar a ser una inhabilitación temporal para el ejercicio de la función pública.

Temoltzin Carreto indicó que mientras la justicia federal no resuelva sobre el amparo, no se pueden dar mayores detalles del asunto porque él incurriría en una anomalía, ya que la legislación se lo impide hasta que todo termine por completo; obstante, se comprometió a dar detalles de las consecuencias una vez que el proceso legal termine.

Pedro Erazo Rivera es esposo de la actual lideresa del gremio de burócratas al servicio del Estado, Guadalupe Rodríguez Guzmán, quien a su vez es señalada por una parte de sus agremiados de intentar imponer a un familiar suyo al frente del Comité de Vigilancia, cuya renovación se llevará a cabo el próximo 4 de octubre.