GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2013).- La construcción del motel en la colonia San Miguel de Mezquitán, en el municipio de Guadalajara, fue detenida el día de ayer por la noche por el Ayuntamiento tapatío, por instrucción de un juez federal que otorgó una suspensión a favor de uno de los vecinos del sitio, y dentro de un juicio de amparo.

El desarrollo del inmueble que ha despertado la inconformidad de los habitantes de alrededor ha pasado por distintas fases legales:

Primero comenzó a construirse con base en los permisos emitidos por la autoridad municipal, los cuales se desprenden de un cambio de uso de suelo; luego fue detenido por una determinación del propio Ayuntamiento y motivada en la vulneración de derechos humanos que afirman las personas; las obras se restablecieron por una suspensión del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) contra el acto municipal anterior, y a favor de los empresarios; ahora se vuelve a parar por el juicio de amparo en proceso promovido por un vecino, y que repuso la medida municipal de tipo precautorio citada.

Javier Salas Mejía, director de lo Jurídico Contencioso de Guadalajara, dijo que notificarán al magistrado Alberto Barba, de la Sexta Sala del TAE, que no pueden cumplir su suspensión (a favor de los constructores), pues tienen la orden que viene de un juez federal que protege a los colonos, y que data del 10 de septiembre, anterior a la del TAE del 24 de septiembre.

«Le hago de conocimiento al TAE que tengo esa suspensión (del juez federal) y que me es imposible jurídicamente acatarla. ¿Qué paso ayer?, estaba vigente la suspensión del tribunal federal, y por consecuencia, la nuestra, e Inspección debía hacer su trabajo: verificar que se acate, y como estaban en plena obra se procedió a la clausura».

Además de esta notificación, la Sindicatura tapatía combatirá la suspensión del TAE a favor del motel con un recurso de reclamación, pues consideran «absurdo» el argumento bajo el que se otorgó, y el cual es que se le podrían generar daños irreparables al desarrollador si su obra se detenía: «no son actos de imposible reparación, no es un giro, no está funcionando», dice el director de lo Jurídico Contencioso.

Ayer durante la clausura de la obra, sin embargo, y según los ediles Candelaria Ochoa Ávalos, del partido Movimiento Ciudadano, y Mario Salazar Madera, del PAN, quienes estuvieron en ese momento, hubo amenazas y agresiones de parte de personal de la empresa constructora hacia los vecinos, e incluso tuvo que llamarse a la Policía que se hizo presente con dos unidades, por todo esto interpusieron una denuncia penal junto a la presidenta de la colonia, Iza González.