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Por Gerardo Santillán

TLAXCALA, Tlax.- Organizaciones civiles de Puebla y Tlaxcala en pro de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, hicieron un llamado a los diferentes sectores de la sociedad a adoptar medidas que garanticen los derechos de esas personas; asimismo, convocaron a los Ejecutivos poblano y tlaxcalteca a construir gobernabilidad y honrar la democracia desde la realidad migratoria del Estado.

Con lo anterior, se busca cuidar que el paso de los migrantes no sea interrumpido por la delincuencia ni de las empresas de transporte, lo cual lejos de significar un avance, “puede representar la etapa más obscura en la vigencia de derechos en Tlaxcala y Puebla”.

Así lo manifestaron, entre otras, la Asamblea Popular de Familias Migrantes (Apofam), Centro de Atención a la Familia del Migrante Indígena (Cafami), Universidad Iberoamericana Puebla, Un Mundo Una Nación, y Pastoral Migrante de la Diócesis de Tlaxcala, las cuales signaron un comunicado conjunto con motivo del foro público de discusión sobre el fenómeno migratorio en las entidades vecinas que tuvo lugar en días pasados en la ciudad de Apizaco.

“Tlaxcala y Puebla se han convertido en un  paso obligado de la ruta migrante por los eventos traumáticos que viven miles de personas en Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, información que organizaciones nacionales e internacionales nos hemos dado a la tarea de denunciar en los últimos años, cuando cientos de miles de personas migrantes atraviesan el territorio mexicano en condiciones de vulnerabilidad, marginación y rechazo”, señalaron.

En este tránsito, son víctimas de innumerables situaciones delictivas, que dañan su integridad física y emocional, por lo que tanto Puebla como Tlaxcala han pasado a formar parte de la lista de sitios peligrosos para las personas migrantes, lo cual los convierte parte de una crisis humanitaria que pareciera no importarle a los gobernantes, pues no existen políticas que ataquen las causas de la migración forzada y el aumento de las deportaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Ante ello, el Gobierno y la legislatura estatal de Tlaxcala tienen importantes compromisos pendientes con las poblaciones en movimiento, y sobre todo con aquéllas que transitan por el estado en condiciones de extrema vulnerabilidad. En ese sentido exigimos a la empresa FERROSUR y a los gobiernos federal y del estado de Tlaxcala, el retiro de los postes colocados a lo largo de las vías y frente al Albergue «La Sagrada Familia», por ser un atentado contra la vida de las  personasmigrantes que transitan por la región.

Ante ello, las organizaciones firmantes pidieron al Gobierno de Mariano González, que revise la  Ley de Migración del Estado  y  actúe con mayor eficacia y eficiencia en los nuevos retos en la coyuntura migratoria que vive la entidad.

También “hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Puebla, para generar un ambiente de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, que se ponga más atención a los movimientos de migrantes que en busca de nuevas rutas migratorias pasan por diversos puntos de nuestro Estado”.