GUADALAJARA, JALISCO (31/OCT/2013).- La propia Fiscalía General de Jalisco ha sido víctima de la delincuencia. Durante los últimos años han sido sustraídos de la dependencia armas, vehículos y algo de dinero que se encontraban bajo su resguardo en calidad de bienes asegurados, por estar estos relacionados con la comisión de un delito.

En el periodo 2007-2013 pueden contabilizarse los siguientes «objetos extraviados» al interior de la dependencia, que absorbió a la Procuraduría General de Justicia de la administración anterior: una decena de armas de fuego; cinco vehículos; ocho mil 625 pesos…y un dólar. Por este motivo, la Fiscalía dice tener abiertas cinco averiguaciones previas, y un procedimiento administrativo interno para dar con los responsables.

Las pérdidas se dieron específicamente en los años 2010, 2011 y 2013. El Ministerio Público (MP) está facultado para asegurar bienes que fueron utilizados como instrumentos del delito (para cometerlo), y que fueron objeto o efecto del mismo, y cuyo estudio pueda conducir a la consignación del caso, sin embargo, en Jalisco no hay registros claros de este tipo de actuaciones de la autoridad.

Es decir, se sabe, por ejemplo, que en el mismo periodo fueron asegurados 759 inmuebles por su involucramiento con un ilícito, entre estos casas, fincas  y departamentos, pero se desconoce con cuántos vehículos se hizo lo mismo, con cuánto dinero, cuántas armas y cuántas joyas.

Esta información se plasma en las miles de averiguaciones previas de la Fiscalía (89 mil 689 sólo en 2012), pero no existe estadística al respecto que la concentre, lo que la vuelve insondable. Por eso, tampoco se puede saber a ciencia cierta cuántas oportunidades ha perdido la Fiscalía General de Jalisco para utilizar la figura de extinción de dominio, que está vigente desde el 14 de agosto de 2011, y que no ha sido aprovechada ni una sola vez en el Estado.

Con la extinción de dominio el MP puede demandar ante un juez que los bienes y recursos que son instrumentos del delito y productos del mismo, pasen a manos del Estado, lo que permite golpear las estructuras económicas de las organizaciones criminales.

Los datos permiten promediar en Jalisco el aseguramiento de nueve bienes inmuebles cada mes relacionados con la comisión de un ilícito, pero la Fiscalía General nunca ha intentado arrebatárselos de forma definitiva a la delincuencia, a diferencia de su par federal: la Procuraduría General de la República, que lo mismo acciona la figura de extinción contra pequeñas tiendas de abarrotes, que departamentos y grandes residencias; vehículos sedanes de bajo precio hasta otros de lujo, así como dinero en efectivo.

Hay dos argumentos que ha esgrimido la Fiscalía General para no hacer uso de la extinción de dominio: el primero, que los agentes del MP no han sido debidamente capacitados para ello; y segundo, que no ha dado con ningún caso dentro de toda la incidencia delictiva del Estado, en el que considere que se reúnen los requisitos que exige la ley para buscar ejecutar la figura (acreditar la existencia de un delito y luego demostrar que el bien fue instrumento o producto del mismo).

Esto se puede contrastar con el siguiente dato: De 2011, en que entró en vigencia la ley, a hoy en día, el MP ha registrado 165 secuestros, cuyas bandas suelen utilizar vehículos e inmuebles como casas de seguridad, y a pesar de ello, la Fiscalía nunca ha peleado por esos recursos.

La legislación local establece un periodo de 10 años para poder demandar la acción de extinción, a partir de que el MP tenga conocimiento de la existencia de bienes vinculados con los siguientes ilícitos: delincuencia organizada, delitos contra la salud, el secuestro, el robo de vehículos y la trata de personas.