TLAXCALA, Tlax.- Un dictamen pericial sobre la devastación que proyectos de infraestructura han generado en diversas comunidades del estado, fue presentado por el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, da cuenta de los efectos negativos al ambiente y al derechos de pobladores la contaminación del rio Atoyac, autopista Libramiento Norte, así como el Gasoducto “La Huesca” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Un comité pericial integrado por expertos, también citó los problemas por contaminación por sustancias químicas, la contaminación de las cascadas de Atlihuetzia, así como la autopista Puebla – Tlaxcala vía Xoxtla.

El comité pericial de la Preaudiencia sobre “Pueblos Unidos en Defensa de la Vida” se reunió en esta capital los días 7 y 8 de noviembre del 2013, para darle continuidad a los trabajos de denuncia y visibilización en el marco de actividades de la Audiencia Temática de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos perteneciente al Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos “Libre comercio, violencia estructural, impunidad y derechos de los pueblos”.

El dictamen busca recapitular los hechos, evidenciar sus causas estructurales, enfatizar las violaciones a los derechos fundamentales y agravios generados; asimismo, señalar a los responsables de lo que hoy ya es un desastre y devastación natural, social, económica y cultural de graves dimensiones, y enfatizar en que los mismos que destruyen, persisten en esta visión de deterioro al continuar impulsando proyectos con similares características.

Por la concentración poblacional y su generación de valor, 38 municipios de Puebla y Tlaxcala constituyen la IV Zona Metropolitana del país y puerta del proyecto Mesoamérica, anteriormente denominado Plan Puebla Panamá y por tanto, sujeta a fuertes presiones derivadas de la generación de infraestructura que soportan los procesos de integración regional, al amparo de los procesos neoliberales y de globalización, en las últimas décadas.

Los siete casos de afectación socio ambiental fueron estudiantes por el comité integrado por Regina Dorinda Montero Montoya, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Albania González Pólito integrante de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATW-LAC); María Fernanda Campa Uranga, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México; Susana Rappo Miguez y Ricardo Pérez Áviles, catedráticos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; así como la especialista, Dalia Ortíz Zamora.

Las organizaciones que participaron en la reunión del Tribunal Permanente de los Pueblos fueron: Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra Región Malinche, Coordinadora por un Atoyac con Vida, Movimiento Ciudadano Izucárense, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, Frente de Lucha en Defensa de la Tierra “General Domingo Arenas”, Comité de Derechos Humanos “Luis Munive y Escobar” de Atlihuetzian, Jovenes en Defensa de la Vida, de Tlaxcala y Puebla.