Por Gerardo Santillán

TLAXCALA, Tlax.- El presidente municipal de Apizaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, descartó que antes o durante los 21 días de mandato que lleva al frente de ese ayuntamiento, haya sido víctima de algún tipo de extorsión por parte de vivales o presuntos integrantes a un cartel criminal.

Es más, sostuvo que ni él ni otro miembro de su equipo de trabajo han sido amenazados por algún delincuente vía telefónica o por otra vía, “por lo que no hay ningún tipo de alarma, amenaza ni llamado de ningún grupo social o delictivo hacia mi persona”.

La víspera, el secretario general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristóbal Luna Luna, denunció que al menos a 10 alcaldes de reciente ingreso ya los han intentado extorsionar presuntos miembros del cartel de “Los Zetas”, pero se reservó sus nombres por motivos de seguridad.

Además, se sabe que en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) están activas unas tres denuncias por ese motivo, las cuales fueron presentadas por exediles.

En entrevista, Vázquez Rodríguez señaló: “soy respetuoso de las declaraciones personales o del partido, pero en ese sentido la situación de Apizaco es de buscar vincularnos con el Gobierno del Estado y la Federación para echar a andar el nuevo modelo policial (de mando único), por lo que no hay ningún tipo de alarma, amenaza ni llamado de ningún grupo delictivo o social hacia mi persona o alguien de mi equipo que nos dé el temor de seguir trabajando”.

Dijo desconocer si hay un problema de extorsión entre algunos de sus homólogos,  pero “en Apizaco estamos trabajando porque es el municipio que más servicios comerciales, de fabricación y transporte público tiene en el estado, por lo que en consecuencia todo está tranquilo, tenemos que mejorar muchas cosas pero en esa situación estamos trabajando y tranquilos para dar la cara a la ciudadanía”.

Por último, el edil panista remarcó que los alcaldes no deben vincularse con gente que no es de reconocimiento social o de insuficiente solvencia moral para hacer las gestiones, dado que eso se hace directamente en las delegaciones, con dependencias federales, secretarios y el gobernador.