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Para entender las modificaciones a la Ley General en Materia de Trata de Personas

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Por: Adriana Dávila Fernández

Senadora de la República

La Comisión Ordinaria Contra la Trata de Personas en el Senado de la República, fue instalada el día 9 de octubre de 2012 y desde esa fecha se iniciaron los trabajos para revisar la Ley en la Materia, así como los diversos ordenamientos jurídicos relacionados con la misma. Fue así como un año después el 8 de octubre de 2013, la Iniciativa para reformar la citada ley fue presentada y signada por 64 Legisladores integrantes de la Cámara Alta para que, en términos del proceso parlamentario, continuáramos con la discusión de la misma y se perfeccionara para su aprobación en el Pleno. Luego de cuatro meses de trabajo adicional, el día 12 de febrero de 2014, la minuta fue aprobada por unanimidad y enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y revisión. Dicha minuta fue devuelta a la Cámara Alta 10 meses después, el 3 de Diciembre de 2014.

A pesar de que la mayoría de las y los Diputados Federales de la LXII Legislatura aprobaron los cambios, diversos legisladores hicieron reservas especialmente al artículo 10 que define el tipo penal del delito de trata de personas, por considerar que se había deformado este delito, distorsionándolo gravemente.

En términos generales, ambas cámaras coincidieron en modificar la ley y por ello más de 60 artículos fueron aprobados en sus términos; 47 fueron modificados, de los cuales y tras el estudio en esta nueva revisión, el Senado de la República aceptó los cambios propuestos por la cámara revisora en 22 artículos; en 3 más se logró un acuerdo con la nueva legislatura y el jueves 27 de octubre el Pleno del Senado aprobó la minuta insistiendo en nuestra propuesta original en 22 artículos, que se refieren especialmente a los tipos penales, toda vez que 32 meses atrás, el perfeccionamiento del tipo penal del delito de trata de personas, fue justamente el motivo para presentar las modificaciones.

Derivado de  lo anterior, no puede decirse que estas modificaciones fueron hechas al vapor, diversos intereses mezquinos y de toda índole, incluyendo los de los propios delincuentes, han influido para que México aún no tenga un marco jurídico más eficiente. El Senado de la República e incluso las integrantes de la Comisión Contra la Trata, hemos recibido ataques y acusaciones de todo tipo por insistir en las modificaciones.

Hoy, luego de aprobarse nuevamente en la Cámara Alta, hay quienes siguen oponiéndose bajo el argumento de que la modificación, especialmente al artículo 10 “dejaría libres a los tratantes y perjudicaría a las víctimas”, cuando en realidad los verdaderos tratantes están en las calles y el delito creciendo gracias a una ley ineficaz que confunde la trata de personas con otros delitos.

La modificación al artículo 10 donde incluimos los medios comisivos, no fue una ocurrencia de las y los senadores. Lo que nosotros hicimos fue revisar todos los instrumentos internacionales, recomendaciones y diagnósticos emitidos por organismos especializados en la materia, menciono sólo algunos:

  1. En diciembre del año 2000, representantes de 147 países (entre ellos México) firmaron la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y entró en vigor en nuestro país el 25 de diciembre de 2003. En la firma de este documento se encuentran protocolos complementarios, entre ellos el Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, mejor conocido como “Protocolo de Palermo”, en el se establecen 3 elementos que constituyen el delito de trata de personas: La conducta, los medios para cometer el delito y los fines (Definición de trata: Artículo 3, Penalización: Artículo 5).
  2. Manual de Parlamentarios también publicado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que señala que las leyes de los Estados Parte de la Convención, deberán adoptar al menos para la tipificación del delito de la trata de personas: el acto, el medio y la finalidad ilícita.
  3. La misma UNODC en su Diagnóstico Nacional Sobre la Situación de Trata de Personas en México, señala en su página 35, párrafo cuarto: “A partir de la entrada en vigor de la LGPSETP[1], en México se persiguen los delitos en materia de trata de personas (no el delito de trata de personas)”… continua: ”Es importante destacar que, aunque esto seguramente se traducirá en un aumento considerable de sentencias condenatorias, no necesariamente se estará procesando a tratantes, de conformidad con el Protocolo de Palermo, sino a explotadores”.
  4. El Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del 2014, también observa en su página 81, párrafo quinto, “La Ley General omite los medios comisivos del tipo penal de trata”.
  5. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de 2016, recomienda al gobierno de México: “Enmendar las leyes contra la trata de personas en los ámbitos federal y estatal de modo que reflejen lo dispuesto en el derecho internacional, relativo a la materia”. También, especifica “Estamos de acuerdo con el dictamen del Senado, que la definición de la trata de personas debe estar totalmente en armonía con la definición contenida en el Protocolo de Palermo”.

Lo anterior, evidencia que el trabajo del Senado de la República, ha sido profesional y debidamente sustentado con los ordenamientos internacionales a los que México se ha obligado a cumplir y que quienes se han opuesto a estos cambios carecen de argumentos jurídicos para descalificar el trabajo de la Cámara Alta, pues los mueven intereses de otra naturaleza, ajenos al combate real y eficiente del delito y a la protección de las víctimas.

Acaso, ¿todas estas instituciones están equivocadas?, de estar de acuerdo con la versión del Senado de la República, los especialistas serios, que opinaron y observaron la necesidad de armonizar nuestra legislación a los instrumentos internacionales por ser la trata un delito que trasciende las fronteras de los países, ¿deben ser considerados cómplices de este crimen?

Es inconcebible, que haya quien a través de redes sociales deja en evidencia su ignorancia, no obstante haber presumido una maestría con mención honorífica por cierto pagada por la Cámara de Diputados y por lo visto desaprovechada ante la muestra de que el hábito no hace al monje, y se jacte de “haber detenido y modificado” esta propuesta cuando fue legisladora federal, asegurando: “especialmente el artículo que facilitaba la salida de la cárcel de tratantes”, cuando la propuesta que aprobaron, además de no corregir el tipo penal vigente, ya de por si confuso, desaparecía el delito de trata de personas; confundiéndolo con la explotación, lo cual de haberse aprobado en el Senado en esos términos, sí hubiera generado aún más excarcelaciones, impunidad a los tratantes e injusticias con las víctimas.

Valdría la pena cuestionar si estas manifestaciones, oposiciones y descalificaciones, así como calumnias a quienes hemos trabajado este tema con seriedad, no obedecen a intereses de los verdaderos tratantes y explotadores bajo el argumento alguna vez utilizado de: “nadie se pelea con el de la chequera”.

Confiamos en la inteligencia, buen juicio y sensibilidad de la actual legislatura para juntos construir un mejor marco jurídico que ayude a erradicar este deleznable delito.  Me queda claro que no es sólo una buena ley la que ayudaría a erradicar este crimen por completo, se necesita voluntad política también y compromiso de todas las autoridades responsables en sus ámbitos para avanzar.

Lo cierto, es que mi papel de legisladora me obliga a trabajar y perfeccionar este marco jurídico, aunque haya quienes  pretendan atribuirme funciones del poder ejecutivo, no obstante la estrecha colaboración que he mantenido con la Procuraduría General de la República y diversas familias y víctimas que han buscado apoyo para contribuir desde mi ámbito de competencia, a resolver algunos casos, por supuesto con la discreción y prudencia que esto amerita, sin usar a las víctimas para promocionarme de manera personal y mucho menos electoralmente, cuyo compromiso cumplimos a cabalidad todas las senadoras que integramos esta Comisión.

Celebro que después de mucho tiempo ahora sí, existan muchas voces en mi estado, interesadas en el tema (especialmente durante el proceso electoral 2016), cuando siempre lo ignoraron. Sólo espero que ese interés si es genuino, se muestre de verdad con los nombramientos de personas capaces, comprometidas y honestas al frente al menos de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que sin simulaciones como penosamente ha sido hasta ahora, combatan con fuerza la trata de personas.

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Adriana

ALIANZA PRI-PT-MORENA POSTERGA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL Y MANTIENE PRIVILEGIOS A LEGISLADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS

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  • En su cálculo político, buscan cuidar la espalda de sus candidatos, en el hipotético caso de que alguno pudiera ganar la Presidencia de la República

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a las bancadas del PRI y del PT-Morena de aliarse para congelar la minuta de la Cámara de Diputados, que elimina el fuero a legisladores y servidores públicos.

“Priistas y petemorenistas simulan interés en retirar ese privilegio al manifestar en público estar a favor de la iniciativa, pero se oponen en comisiones a dictaminarla y someterla al voto del pleno del Senado de la República”, sostuvo el senador Daniel Ávila Ruiz.

El senador por Yucatán llamó al PRI y al PT-Morena que dejen de simular y hacer un esfuerzo, de cara a la sociedad, para eliminar el fueron del que gozan, desde el Presidente de la República, hasta el resto de los servidores públicos del primer, segundo y tercer niveles, al igual que los legisladores locales y federales.

Por su parte, la senadora Adriana Dávila Fernández, dijo que el acuerdo PRI-PT-Morena de postergar el análisis y discusión de la minuta demuestra que la iniciativa sólo fue una patraña electorera, impulsada por los priistas a partir de una propuesta de su candidato a la Presidencia de la República.

“Lo más grave es que sean los propios priistas, aliados ahora con los petemorenistas, los que descalifiquen el trabajo avalado por los diputados de su partido”, dijo.

La senadora por Tlaxcala manifestó que, en su cálculo político, priistas y petemorenistas, buscan cuidar la espalda de sus candidatos, en el hipotético caso de que alguno pudiera ganar la Presidencia de la República.

“En mi experiencia, en los casi seis años de estar en la Cámara de Senadores, he visto esta jugada. Y yo lo he dicho con todas sus letras: estoy convencida de que este tema fue operado electoralmente, concretamente, para un candidato”, comentó la senadora Dávila Fernández.

A su vez, el senador Jorge Luis Preciado dijo que lo más probable es que la minuta duerma el sueño de los justos y no se cumpla con uno de los reclamos más importantes de la sociedad, que es acabar con los ciudadanos de primera y de segunda.

“Lo que estamos viendo es que el PRI, aliado con el PT-Morena, está engañando a la sociedad con una iniciativa que se aprueba con diligencia en la Cámara de Diputados, pero que encuentra trabas en el Senado, con todo tipo de pretextos”, subrayó.

La bancada de Acción Nacional presentará en la sesión ordinaria del Senado de la República, convocada para el lunes próximo, un voto particular para exigir que la minuta se dictamine y vote en los términos enviados por la Cámara de Diputados, antes de que se declaren concluidos los trabajos del presente periodo ordinario de sesiones.

En la sesión del jueves, los senadores de Acción Nacional insistieron en que las comisiones de Puntos Constituciones, Justicia, Estudios Legislativos y Reforma del Estado dictaminaran la minuta sin modificar el texto enviado por los diputados, pero las bancadas del PRI y PT-Morena argumentaron que su contenido estaba mal hecho, pese al aval dado por los diputados de sus partidos, y que era necesario hacer consultas con técnicos y constitucionalistas, pero sin definir fechas ni procedimiento.

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Llegó a #Tetla la Campaña “Hagamos un Trato Contra la Trata” que impulsa Adriana Dávila *Acciones preventivas eficientes para combatir el delito

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 Por Jesús Hernández

Tetla de la Solidaridad, Tlax.- La Senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, dio continuidad a la campaña “Hagamos un Trato Contra la Trata”, que inició el pasado mes de octubre, y que tiene el propósito de informar a los servidores públicos de los ayuntamientos sobre sus obligaciones y responsabilidades en el combate a este delito.

Ante el alcalde de Tetla, Eleazar Molina Pérez, directores jurídicos, de la policía y DIF municipal, regidores, asesores, presidentes de comunidad y trabajadores en general, la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado, indicó que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, por tanto, es necesario diseñar y ejecutar acciones de prevención para proteger a las personas ante cualquier daño físico o moral.

Sugirió a los participantes de esta campaña buscar estrategias para detectar o en su caso combatir este delito en sus comunidades, de la misma manera para fomentar la cultura de la denuncia; para ello, entregó cartillas y carteles informativos para distribuirlos entre la población

En respuesta, los servidores públicos se comprometieron a organizar pláticas  con padres de familia, maestros y estudiantes del nivel básico y media superior para alertar y proteger a niñas, niños y adolescentes vulnerables.

Por su lado, el alcalde de Tetla, Eleazar Molina Pérez, agradeció la presencia de la Senadora Adriana Dávila y reconoció el desempeño que realiza en la Cámara Alta para que en México exista una ley que garantice un ataque frontal a la trata de personas en todas sus modalidades, castigar a los delincuentes y atender a las víctimas, sin simulaciones.

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Integró Ricardo Anaya a Adriana Dávila a su equipo de campaña

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*Es coordinadora de promoción del voto

Convencido de que el talento, la capacidad y el trabajo de sus integrantes serán la clave que le permitirán triunfar en las elecciones del próximo 1 de julio, el candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, dio a conocer a los nombres de su equipo de campaña, entre ellos, Adriana Dávila Fernández.

La Senadora por Tlaxcala, fue designada por el candidato presidencial como coordinadora de promoción del voto, por lo que de manera inmediata se incorporó a los trabajos y a la estrategia de campaña.

Entre los nombramientos destacan representantes de la sociedad civil, del mundo académico y militantes de los tres partidos de la coalición PAN, PRD, MC; además de que fue integrado de forma paritaria por mujeres y hombres.

La panista tlaxcalteca se sumó al equipo del Candidato de la Coalición “Por México al Frente” con el compromiso de trabajar sin descanso durante los próximos tres meses y con la responsabilidad de ganar la confianza de los electores, a fin de que emitan su voto a favor de la coalición ganadora, que encabeza Ricardo Anaya Cortés.

La lista de quienes integran el equipo de la campaña presidencial de la Coalición Por México al Frente es la siguiente:

  • Coordinación Nacional Ejecutiva: Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado.
  • Coordinación Política: Santiago Creel
  • Coordinación de Acuerdos de la Coordinación Nacional Ejecutiva: Mariana Gómez del Campo
  • Coordinación Estratégica: Jorge Castañeda
  • Coordinación de Pueblos Indígenas: Xóchitl Gálvez
  • Coordinación del Gobierno de Coalición: Miguel Ángel Mancera
  • Consejo Asesor de ex Candidatas Presidenciales: Cecilia Soto
  • Consejo Asesor de ex Candidatas Presidenciales: Patricia Mercado
  • Consejo Asesor de ex Candidatas Presidenciales: Josefina Vázquez Mota
  • Coordinación de la Comisión Política del PAN: Rafael Moreno Valle
  • Coordinación de Alianzas y Consejos Ciudadanos: Jesús Ortega
  • Coordinación de Propuesta y Programa de Gobierno: Salomón Chertorivski
  • Coordinación de Voluntariado: Cecilia Romero
  • Coordinación de Mensaje y Comunicación: Fernando Rodríguez Doval
  • Coordinación de Comunicación Interna: Kenia López
  • Coordinación Operativa: Edgar Mohar
  • Coordinación de Opinión Pública: Rosa Icedo
  • Coordinación de Enlace Internacional: Laura Rojas
  • Coordinación de Asesores: Agustín Basave
  • Coordinación de Análisis Político: Alfredo Figueroa
  • Coordinación de Relato Político: Lucía Riojas
  • Coordinación de Vivienda y Desarrollo Urbano: Víctor Manuel Borras
  • Coordinación de Enlace con Migrantes: Pilar Lozano
  • Coordinación de Defensa del Voto: Ernesto Ruffo
  • Coordinación de Campaña sin Candidato: Madelaine Bonnafoux Alcaraz
  • Coordinación con Campaña Ciudad de México: Héctor Serrano
  • Coordinación con Campaña Estado de México: Héctor Bautista
  • Coordinación de Promoción Política: Marisol Vargas
  • Coordinación con Campañas Locales PRD: Jesús Zambrano
  • Coordinación con Campañas Locales PAN: Adriana Aguilar
  • Coordinación con Campañas Locales MC: Francisco Melo
  • Coordinadora de Promoción del Voto: Sonia Mendoza
  • Coordinadora de Promoción del Voto: Adriana Dávila
  • Coordinación de Mujeres PAN: Marcela Torres
  • Coordinación de Mujeres PRD: Angélica de la Peña
  • Coordinación de Mujeres Movimiento Ciudadano: Claudia Trujillo
  • Coordinación de Medio Ambiente: Silvia Garza
  • Coordinación de Agenda: Luis Antonio Rangel
  • Asesor de Comunicación: Rubén Aguilar
  • Coordinación de Relaciones Estratégicas: Marco Adame
  • Asesor: Alejandro Chanona
  • Abogado General: Eduardo Aguilar
  • Coordinación de Atención Ciudadana: Fernanda Lazo
  • Coordinación de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación: Juan Carlos Romero Hicks
  • Coordinación de Agenda Mediática: Estephany Santiago
  • Coordinación de Relación con Organizaciones de la Sociedad Civil: Rogelio Gómez Hermosillo
  • Coordinación de Evaluación y Seguimiento: Micaela Rubio

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