Diversas organizaciones sociales de Tlaxcala expresaron su oposición a la Ley general de aguas y contra la irresponsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por violar los derechos de los pueblos mediante normas que favorecen a la inversión privada.ñ

A propósito del Día Mundial del Agua, representantes de organizaciones campesinas, ambientalistas, derechos humanos, entre otros, reclamaron que la también llamada “Ley Korenfeld” que profundizaría la actual crisis hídrica al sujetar las aguas nacionales a dinámicas de compra-venta, con la eliminación de los derechos de los núcleos agrarios y de los pueblos campesinos e indígenas.

En el Centro Fray Julián Garcés de Tlaxcala, los activistas ofrecieron una rueda de prensa en la que advirtieron que se corre el riesgo de que la disponibilidad del agua se priorizaría para “proyectos estratégicos, prioritarios y de seguridad nacional” como el trasvase de aguas de un lugar a otro, la minería tóxica (la cual no requeriría de concesión), el fracking o la actividad industrial, además de que eliminaría los espacios de participación y permitiría que la Conagua hiciera uso directo de la fuerza pública para imponer sus decisiones.

En el caso de Tlaxcala, enumeraron la irresponsabilidad de la Conagua por las concesiones otorgadas a cientos de industrias instaladas en la región del Río Atoyac para la sobreexplotación de los mantos acuíferos; los permisos de descarga otorgados a las industrias para verter sus desechos industriales al Río Atoyac y sus afluentes; las escasas visitas de inspección que ha realizado a las industrias, lo que ha  derivado en multas ridículas a cambio de perpetuarse la contaminación tóxica de esas mismas agua.

El plan de saneamiento propuesto e implementado por el gobierno se reduce únicamente a la instalación de plantas tratadoras municipales de agua, cuyos costos de funcionamiento son elevados y, en algunos casos, no tratan el total de contaminantes que existen en las descargas municipales; además de mantener desinformadas a las comunidades, quiénes han implementado otras alternativas menos costosas y cero descargas a los ríos contaminados.

Lo anterior, con las consecuentes enfermedades como leucemia, insuficiencia renal, púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica y la muerte que pobladores de la zona sufren por la contaminación industrial; la privatización de los ameyales y manantiales; la amenaza de eliminar la participación social en la administración del agua, tanto en manantiales, pozos profundos y la red de distribución.

Ante ello, se dijeron comprometidos con la lucha por divulgar y lograr la aprobación y puesta en marcha de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, elaborada a través de un amplio proceso colaborativo para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación de la ciudadanía, tal como exige la reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua.

Entre las organizaciones participantes en la firma de un pronunciamiento estuvieron la Coordinadora Nacional Agua para Todos; Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero A.C.; Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maiz nativo en el Estado de Tlaxcala; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Coordinadora por un Atoyac con Vida; Colectivo Mujer y Utopía A.C.; Centro de Economía Social Julián Garcés A.C.; Mercado alternativo de Tlaxcala; Mercado alternativo de Apizaco; Unión Santiago Ametoxtla Zacatelco; Comité de Derechos Humanos Jicotes de Xicohtzinco; Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala; Comité de comisariado Ejidal Vicente Guerrero; Ejido San Juan Molino de San Mateo Ayecac; Ejido de Tepetitla; Ejido San Juan Bautista Atlangatepec; Ejido San Rafael Tenanyecac.