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LAS DONACIONES Y LAS LEYES Por Renato Consuegra / *

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A lo largo de los años, los políticos mexicanos de todo tipo, jerarquía y partido encontraron en la palabra “donaciones” una forma burda pero socorrida de ocultar el origen de “bienes” que se encuentran en su poder, debido a que las leyes no sólo no obligan a que quienes se encuentran en el poder público o político a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales para transparentar su carrera, sino que, por el contrario, hay tal laxitud que casi casi los alienta a generar este tipo de acciones.

El intento más más cercano para transparentar la información de los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue en 2002, pero antes de que pasara al pleno, el dictamen se trucó para especificar que la información sólo sería pública si el funcionario que la presentaba así lo deseaba. De esta forma, también, los únicos que la tienen y no se sabe si completa son las áreas de Gobierno desde donde se manipula tal información cuando alguien se sale del redil.

El experto Ernesto Villanueva afirma que “la corrupción pública dificulta el funcionamiento del sistema democrático, pues no sólo importa una desviación del poder respecto del interés común para el cual éste es otorgado, sino también implica la reducción de los niveles de legitimidad, arriesgando con ello la gobernabilidad y viabilidad democrática de los países”.

Los Estados democráticos de derecho, afirma Ernst Wolfgang Böckenförd en Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia, “están comprometidos a asegurar la legitimidad de las instituciones públicas, para proteger el orden moral y la justicia de la sociedad”. Este es el tema principal de cualquier argumentación sobre la transparencia sobre las fortunas de los políticos, la justicia social, el hecho de que el poder político no sea utilizado para amasar grandes fortunas amparadas en tal poder. Y también porque las donaciones finalmente pueden caer en la figura de lavado de dinero, más allá del conflicto de interés y corrupción.

Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2011, destaca que para evitar y resolver conflictos de interés, es necesario contar con información que permita identificar relaciones que puedan influir en el desempeño de los funcionarios durante su encargo. Es decir, que las declaraciones patrimoniales además de servir como una herramienta de fiscalización de ingresos, lo es también para conocer si hay conflictos de interés entre funcionarios públicos y actores privados a los que les toca regular.

Hace algunos años por motivo de mi trabajo reporteril me tocó entrevistar a un empresario sobre una deuda que tenía con la Secretaría de Hacienda. Las respuestas a la entrevista se desarrollaron por el lado institucional, pero una vez terminada y la grabadora apagada me confió “off the record” que no tendría problema porque él había cooperado con la campaña de quien estaba en ese momento en la Presidencia de la República, lo mismo que con los otros dos candidatos fuertes, precisamente para ahorrarse problemas.

Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? Simple y sencillamente a que los diputados mexicanos han sido los más interesados en mantener la opacidad en cuanto a los bienes de todo el sistema político mexicano, simple y sencillamente porque es en las votaciones donde se genera la gran corrupción, donde se llevan la gran tajada y no en su dieta legislativa (así se le llama a sus percepciones económicas por su “trabajo” cameral).

Por esto mismo, vemos cómo los diputados atienden más a los intereses de las grandes empresas en contra de los de la sociedad a la que se supone deben servir. El caso más reciente se dio apenas el miércoles 29 de abril cuando en el cochinero de las últimas horas que cada fin de periodo ordinario realizan, los legisladores en la Cámara de Diputados desempolvaron una iniciativa de hace seis años y aprobaron que los vehículos con antigüedad mayor a tres años deben realizar una segunda verificación, ahora de carácter federal, y a la revisión de condiciones mecánicas si quieren circular por las carreteras federales.

El negocio es para las armadoras de vehículos, como hace dos años lo hicieron para las aseguradoras con el seguro necesario para circular también en las vías federales. Además, los diputados definieron que las propias armadoras o concesionarias podrán realizar el trámite en sus instalaciones y quien no cumpla la verificación será detenido por la Policía Federal, que “podrá retirar de la circulación los vehículos”.

De acuerdo con la iniciativa aprobada, los propietarios que no realicen estas dos verificaciones deberán pagar multas entre 40 y 500 días de salario mínimo; los ingresos derivados de esas sanciones se destinarán a la Secretaría de Gobernación para programas de seguridad pública y prevención del delito. El pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por 7 mil 500 millones de pesos.

Es decir, en un país donde los salarios y el poder adquisitivo va en picada, se aprueba una ley que como dijo el diputado Salvador Romero Valencia, “porque sabemos perfectamente que fortalecemos uno de los sectores más importantes de la economía nacional, como es el sector automotriz, generador extraordinario de empleos, prosperidad y desarrollo para el país”.

¿Cómo ven? ¿De a cómo?

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Conmemora PAN día internacional de la mujer con ponencia: vivencias de mujeres empoderadas

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 -Recuerda VFO a primer candidata a gobernadora por el PAN

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) a través de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer (PPM) realizó la ponencia Vivencias de Mujeres Empoderadas, en la sede estatal del instituto político. 

Con la presencia de la diputada federal Minerva Hernández Ramos, la maestra Alejandra Ramírez Ortiz, la representante de Movimiento Ciudadano Mónica Díaz, así como mujeres provenientes de diversos municipios de Tlaxcala, Víctor Fernández Ordoñez, (VFO) Secretario General en Funciones de Presidente dio la bienvenida al evento, al tiempo que recordó a Catalina Jiménez, quien fiera primera candidata del PAN al Gobierno de Tlaxcala. 

“En los años ochenta Catalina Jiménez, oriunda de Huamantla, fue nuestra primera candidata a gobernadora por el Partido Acción Nacional, cuando incluso representaba un riesgo manifestar afinidad por este instituto político. Mujeres como ella labraron el camino, para llegar a donde ahora nos encontramos” refirió Fernández Ordoñez, al tiempo de también reconocer el trabajo de la diputada federal Minerva Hernández y la senadora Adriana Dávila. 

Durante su intervención la maestra Alejandra Ramírez Ortiz, compartió una serie de datos en los que evidenció el rezago de la justicia con perspectiva de género, así como los retos que como sociedad tenemos de cara a los nuevos tiempos que vive nuestro país. 

Por su parte la diputada federal Minerva Hernández Ramos, destacó la importancia de la participación de las mujeres en el próximo proceso electoral. Hernández Ramos refirió que las mujeres serán una pieza fundamental para promover y cuidar el voto durante el próximo proceso electoral, de ahí la importancia de cerrar filas “sin mezquindades políticas, ya que el PAN es un partido en el que cabemos todos” concluyó la también aspirante a candidata a senaduría por Tlaxcala. 

Durante las conclusiones del evento, Leticia Hernández Pérez, se congratuló de la decisión del tribunal electoral, al concluir que las primeras posiciones de la lista de representación proporcional deberá iniciar con el género femenino, asunto que, destacó, representa un paso importante en el proceso de que más mujeres accedan a los cargos públicos. 

Por último la secretaria estatal de Promoción Política de la Mujer, Eliuth Sánchez agradeció la presencia de las mujeres al evento, y refrendó el compromiso del Partido Acción Nacional para fortalecer la participación de las mujeres en el quehacer político.

 

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Profesionalizando a los Municipios

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Por: Juan Corral Mier

Diputado Federal

El pasado jueves 23 de Marzo mi compañero de bancada Juan Alberto Blanco y un servidor presentamos ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que proponemos profesionalizar a los servidores públicos municipales y a todo el personal que labora con ellos, buscando así la eficiencia y transparencia que requieren nuestros municipios en todo el país.

Esta idea surge al escuchar a las personas durante los recorridos que hemos realizado a lo largo de mi estado, es cada día mayor el cansancio y decepción que muestran los ciudadanos por el desempeño de quienes los gobiernan, y es muy lógico, si no existe la garantía de desarrollo y mejoramiento en las condiciones de vida. Y es ahí donde el gobierno municipal tiene un papel fundamental.

El problema de la mayoría de estos gobiernos municipales (hay que reconocer que existen excepciones), es que no cuentan con verdaderos procesos de definición de políticas públicas. Ya que como es sabido pero a veces ignorado, cualquier política pública debe dar respuesta a las demandas sociales. Y para la implementación de una política, es necesario que tenga claro su plan de gobierno, donde se establezca su misión, visión, objetivos y metas que persigue como institución pero sobre todo que persiga el bien común.

Así mismo para lograr eficientar la elaboración y aplicación de las políticas públicas en los municipios se debe contar con personal con experiencia y capacidad.

En Acción Nacional consideramos importante construir un marco normativo que rija a los gobiernos municipales acorde con las necesidades de los ciudadanos. En ese sentido la iniciativa presentada propone la profesionalización del personal municipal como una alternativa efectiva; con el objetivo principal que el personal que labora de la mano de los alcaldes, tenga los conocimientos, habilidades y actitudes para cumplir con sus funciones y así, lograr mejoras en las gestiones de los municipios.

Para lograr lo anterior se requiere de un programara de capacitación y asesoría que permita contar con servidores públicos estables y profesionalizarlos en los asuntos públicos locales.

Y a esto lo nombramos el Servicio Profesional de Carrera Municipal que contribuirá, entre otras cosas, a la optimización de los recursos federales, a fin  de que beneficien al mayor número de habitantes, además si desde el proceso de reclutamiento, selección contratación de personal y  los concursos de ascensos son claros, la opinión pública sobre el servicio civil será positiva, pues significará que quien ostenta un cargo, lo obtiene gracias a su capacidad y preparación y no por otro tipo de prácticas desleales y ventajosas.

El Servicio Profesional de Carrera es una de las mejores opciones para que un gobierno este a la vanguardia a pesar del desplazamiento de empleados en cada cambio de gestión, ya que la rotación de personal representa un problema intangible dentro de los gobiernos locales que no les permite funcionar de manera eficaz y eficiente.

De resultar aprobada esta iniciativa, no solo se logrará la mejora en gestión de los municipios sino que se beneficiará a los ciudadanos, proporcionándoles los funcionarios que merecen, en el caso del ayuntamiento el beneficio se verá reflejado en la detonación del potencial del municipio, por lo que respecta a los funcionarios municipales se les garantizará y tendrán certeza laboral basada en sus méritos y capacidades, logrando una mejora en conjunto que implica a los tres órdenes de gobierno y por ende del país.

Finalmente, se dotaría a los municipios de mayores oportunidades en el ejercicio de las administraciones públicas municipales, dándoles mayores atribuciones en la materia; ya que contarán con los recursos necesarios para la creación de programas y aumentos salariales, mejorando la infraestructura en las áreas de capacitación.  Con este proyecto se abre un espectro amplio de grandes ventajas para los municipios, sin hacer a un lado su identidad, forma y naturaleza propia, que en algunos casos, los procesos de adaptación y aplicación de la reforma llevarán tiempos y acciones diferentes, pero que son necesarios acorde a las necesidades del país.

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¡No más ataques a periodistas!

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Desde… San Lázaro

Por: Juan Corra Mier

Diputado Federal                                      

En la puerta de su casa y en presencia de su hijo menor, fue cobardemente privada de la vida Miroslava Breach Velducea, de profesión periodista, vinculada siempre con el tema de los derechos humanos, quien estuvo hasta el día de su muerte, escribiendo sobre el crimen organizado y la violencia, que como en casi todo el país, se ha recrudecido también en el estado de Chihuahua.

A Miroslava Breach se le conocía por su periodismo crítico, por ser una persona echada para delante, defensora de las instituciones cuando ella consideraba que había que defenderlas y dura crítica cuando por su formación periodística así se requería, mujer que por hacer bien su trabajo, recibió ocho impactos de bala en plena luz del día.

Miroslava se convierte en la tercera periodista asesinada en menos de un mes, antes, Ricardo Mounli Cabrera en Veracruz apenas el domingo pasado y Cecilio Pineda Brito el dos de marzo en Guerrero.

De qué sirve crear Instituciones, Mecanismos, Comisiones Legislativas, y demás si el problema no solo no se soluciona, si no que peor aún, va en aumento con total impunidad.

De acuerdo con el último reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, en los últimos seis años (agosto 2010-agosto 2016) se abrieron en México 798 averiguaciones previas por delitos contra periodistas.  De esas 798 investigaciones reportadas, corresponden 39% por amenazas, 17% por abuso de autoridad y 7% por lesiones y homicidios, sólo 101 dieron como resultado que el presunto agresor fuera consignado ante un juez. Es decir, poco más de una de cada diez; de los datos anteriores el panorama es desolador, sólo 2 sentencias condenatorias, o lo que es lo mismo, más de 99 casos de cada 100, no recibieron sentencia.

De enero a septiembre del año pasado, la FEADLE reportó 306 casos, en su mayoría amenazas, ataques físicos y privaciones ilegales de la libertad, y lamentablemente 10 asesinatos, así es, el año pasado en ese periodo más de un periodista moría cada mes en este país en manos de quienes no les interesa o están en contra de la  libertad de expresión.

El mes de marzo de este año supera y rompe con todas las estadísticas, sin duda el actual gobierno está en deuda, no sólo con este gremio que merece todo mi respeto, admiración, reconocimiento, solidaridad y apoyo aún más lo está la PGR a través de su Fiscalía Especial para Prevenir, Atender y Combatir este delito.

Mi reconocimiento especial para todo el gremio de corresponsales, reporteros y periodistas del estado de Tlaxcala, que si bien, afortunadamente no hemos tenido la pérdida de ninguno en más de una década, si desempeñan sus funciones en el quinto país más riesgoso del mundo y el primero en América Latina, a veces en un ambiente hostil por quienes aún no comprenden lo importante de su labor.

Aprovecho este espacio para recordar que hace 23 años fue asesinado Luis Donaldo Colosio, un crimen que a la fecha sigue impune y que marcó el inicio de una espiral de descomposición en materia de violencia, estabilidad y seguridad.  El mensaje que se envió fue brutal, en México todo se vale, y si se pudo asesinar cobarde e impunemente a quien se apuntaba hacia la cima del poder en este país, es posible hacerlo a cualquiera; ojalá pronto pasemos del no pasa nada, a un verdadero estado de derecho, por el bien de todos.

Envío mis condolencias a familiares y amigos de las y los periodistas que han sido cobardemente asesinados por honrar su profesión.

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