Luego de efectuarse con éxito en Tlaxcala la primera audiencia pública como parte de los procedimientos estipulados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través del Agente del Ministerio Público logró que el Juez de Control correspondiente vinculara a proceso y dictara medidas cautelares a un sujeto acusado de robo calificado.

El precedente de la primera audiencia pública data del 4 de febrero del año en curso, cuando el imputado fue asegurado y puesto a disposición del Representante Social por el delito de robo calificado, en virtud de que hurtó un paquete de refrescos de un comerció ubicado en la comunidad de San Gabriel Cuauhtla, municipio de Tlaxcala.

De esta manera, el probable responsable quedó a disposición del Juez de la causa, instancia que analizó y validó la indagatoria como procedente para desahogar con los estatus estipulados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por ello, el 2 de junio el Juez de Control correspondiente llevó a cabo la primera audiencia pública, en la cual el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y medidas cautelares para el imputado.

De esta forma, la autoridad validó los argumentos expuestos por el fiscal, por lo que consideró procedente la vinculación a proceso del inculpado; además de que impuso como medidas cautelares la presentación periódica de firma del imputado y la prohibición de convivir con la parte afectada.

Luego del fallo, el Representante Social solicitó un plazo de cierre de investigación, a fin de recabar los datos de prueba correspondientes, petición que fue aceptada por el Juez de Control, que otorgó 20 días naturales como plazo de cierre.

Con estas acciones, rinden frutos las capacitaciones que recibió el personal de la PGJE así como del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), gracias al impulso que dio el Gobernador del Estado, Mariano González Zarur.

Cabe mencionar que el espíritu del NSJP tiene entre otras, establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.