• Utilizan la fuerza pública como medio de imposición e intimidación.
• La Comisión Federal de Electricidad y empresas “negocian” la obra con los Municipios, a cambio de “obras públicas”.
• Esta obra forma parte del Sistema Nacional de Gasoductos que busca expandir ciudades industriales en territorios agrícolas y comunitarios a lo largo del trazo en  Morelos, Puebla y Tlaxcala.

 El Gasoducto Morelos, además de ser una obra inviable y riesgosa, atenta contra la autodeterminación de los pueblos y la autonomía de las asambleas comunitarias de San Vicente Xiloxochitla, San Damián Texoloc, San Jorge Tezoquipan, La Trinidad Tenexyecac, donde  se decidió NO AL PASO DEL GASODUCTO POR TERRITORIO COMUNITARIO. Sin embrago, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los gobiernos en sus cuatro ámbitos de competencia: federal, estatal, municipal y comunitario, actúan con artimañas y en complicidad, disfrazando a la obra como impulsora del desarrollo y de beneficio social,  ignorando así la voluntad de las asambleas comunitarias, mismas que forman parte de las instituciones o prácticas que nutren los sistemas normativos de pueblos indígenas y comunidades equiparables (derecho a la libre determinación para mantener sus sistemas normativos propios).

El Proyecto Integral Morelos (PIM)  consta de, al menos, una planta termoeléctrica de ciclo combinado que funciona a base de gas natural (gasoducto) y de vapor (acueducto) para producir energía eléctrica que sirva a la instalación de nuevas ciudades industriales a lo largo del ducto, a través de ramales que distribuyan tal energía. Impacta  en tres estados de la República Mexicana -Morelos, Puebla y Tlaxcala-, 29 municipios, de los cuales diez pertenecen al estado de Tlaxcala[1]; y más de un ciento de comunidades.

Por lo tanto, al  ser parte de la infraestructura para promover en un futuro cercano más industrias en tierras agrícolas, el PIM significa para los pueblos el desplazamiento de modos de vida campesina y la creación de condiciones para proliferarse enfermedades y muerte de las poblaciones, así como devastación ambiental; esto, pues en México la actividad industrial -particularmente la altamente tóxica- está plenamente desregulada, muestra de ello es la región del Río Atoyac en la zona limítrofe de Tlaxcala y Puebla.

Razones para señalar la inconstitucionalidad de la obra, sobran: el gasoducto, a lo largo de su trazo, atraviesa por zonas de riesgo volcánico, de lahares, con potencial arqueológico, de aguas someras salitrosas, de zonas pobladas y, en algunos casos, donde se mantienen fuentes de calor de manera permanente, lo que agrava las condiciones de riesgo. Y aunque así lo han planteado las comunidades ante tribunales federales, se están encontrando con una negación permanente de acceso a la justicia, pese a que la violación a los derechos humanos es sistemática y continua.

Recientemente el INAH se encuentra realizando junto con personal de la CFE recorridos en la zona que pretenden afectar y que forma parte de las comunidades que han sostenido la defensa de sus derechos en Tlaxcala. Tales recorridos obedecen a que el INAH no ha emitido dictamen en materia arqueológica. Según esta institución, en el trazo del gasoducto se encuentra un estimado de 92 sitios inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, de los cuales 7 de ellos pudiesen sufrir algún tipo de afectación directa o indirecta en el estado de Tlaxcala. No obstante, y a pesar de que el propio Instituto reconoce que la zona es de alto potencial arqueológico, se siguen violentando el derecho a la cultura y al patrimonio cultural e histórico de los pueblos de Tlaxcala y de México.

La imposición y agresión a las comunidades

El pasado 30 de junio de 2015 alrededor de las 8 horas, ingresó maquinaria de la empresa constructora Bonatti (de capital italiano) a terrenos de labor en la comunidad de San Damián Texoloc, esto a pesar de que la población en Asamblea Comunitaria, el día 8 junio de 2012 acordó NO AL PASO DEL GASODUCTO POR TERRITORIO COMUNITARIO. Mientras esto ocurría, sobrevolaban dos helicópteros la zona y el Rey España estaba en visita de Estado. Recordemos que las dos empresas beneficiadas por el proyecto son Elecnor y Enagas, de capital español.

Contraviniendo esta decisión comunitaria, el Presiente Municipal  dio los permisos de construcción y de cambio de uso del suelo para la instalación de la obra, con los argumentos de que propietarios no tuvieron objeción pues llegaron a un acuerdo económico, omitiendo señalar que también quedó negociada la obra con el Municipio pues, a cambio de los permisos, se pretende la realización de varias obras, entre éstas pavimentado y alumbrado de calles y remodelación de la plaza central (incluido el kiosco). Situación que ocurre en el resto de los Municipios. ¿Qué destino tienen entonces los recursos de la hacienda municipal que deben ser usados para la realización de obras públicas?

En un primer momento, pobladores de Texoloc pidieron al maquinista que parara los trabajos hasta que no se presentara el propietario del predio para que se hiciera responsable de cualquier riesgo, así como el Presidente Municipal. Entonces, el representante de la empresa constructora italiana (Bonatti), usurpando funciones públicas, llamó al Presidente Municipal para que hiciera acto de presencia. Así fue como el Presidente Municipal llegó al lugar y ante la exigencia de los pobladores para que exhibiera públicamente la documentación que avala la introducción de la maquinaria y su operación en tierras comunitarias, abandonó el sitio por instrucciones de los funcionarios del gobierno estatal.

Cabe señalar que por órdenes de Rodolfo Martínez Díaz, del Departamento de Atención a Conflictos Sociales de la Secretaria de Gobernación de Tlaxcala, arribó un grupo de alrededor de 20 elementos de la Policía Estatal, todos armados, quienes se apostaron a la entrada del predio en el que las máquinas trabajaban. En el transcurso del día continuó el arribo de patrullas y policías hasta llegar a ser un total de 18 y 180, respectivamente. Es importante precisar que el representante de gobierno, en actitud prepotente y amenazante, señaló que si alguien  impedía el trabajo de las máquinas lo llevaría al Ministerio Público, “así de fácil”.

Aunque de tales hechos se buscó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala levantara constancia, por presumirse violaciones a los derechos humanos de los pobladores por el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza pública y las acciones amenazantes del funcionario, el observador de la Comisión arribó después de seis horas de hacerse el llamado. Y, aun cuando aseguró a pobladores que no habría más presencia policial desmedida, esto no ocurrió pues conforme avanzan los días la presencia continua, al igual que de policía municipal y federal.

Cabe agregarse que, mientras tanto, el Arquitecto Francisco Javier Romero Ahuacatzi, Director de Estudios Políticos y Sociales de la Secretaría de Gobierno del Estado, ha estado girando oficios y citatorios a los propietarios de las tierras afectadas de manera individualizada para presionarlos a ceder la servidumbre legal bajo la amenaza de expropiación, argumentando que no hay alternativa, que “pasa porque pasa”. Todas estas acciones de intimidación y de presión sobre los pobladores de las comunidades ocurren con el pleno conocimiento de las altas autoridades del gobierno estatal en violación de los usos y costumbres comunitarios, de los derechos de las asambleas y de toma de decisión colectiva.

Derechos violentados:

A la libre determinación

Por la omisión, actuación o actuación Insuficiente en la que han incurrido las autoridades, en su deber de PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER y GARANTIZAR el DERECHO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES EQUIPARABLES A LA LIBRE DETERMINACIÓN para mantener las instituciones y formas internas de organización política propias.

A la vida e integridad personal

Por la omisión, actuación o actuación insuficiente en la que han incurrido las autoridades, en su deber de PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER y GARANTIZAR nuestro DERECHO A LA VIDA e INTEGRIDAD PERSONAL y en particular de al DERECHO SUPERIOR DE LA INFANCIA.

A la seguridad jurídica

Por dañar los derechos a la seguridad jurídica, entre los que se encuentran el derecho de acceso a la justicia, a la legalidad y a la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, entre otros, por la diversidad de violaciones relativas a la construcción del gasoducto Morelos y la omisión de cumplir sus obligaciones.

A la información y a la verdad

Por la falta de información a las comunidades, la tergiversación de la información a los dueños de los predios por donde pasaría el gasoducto, así como la mala fe y dolo respecto al ocultamiento de diversos riesgos.

Exigencias

Por todo lo anterior los abajo firmantes, exigimos:

Uno. Se respete la autonomía de las Asambleas Comunitarias y las decisiones de las mismas respecto a la negativa del proyecto, y por lo tanto exigimos que se retire la maquinaria y se cancele la obra.

Dos. No se utilice a la fuerza pública como medio de intimidación pues violenta el derecho a la paz y tranquilidad  de nuestros pueblos.

Tres.  Que la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala dejen de intimidar y engañar a los pobladores para que acepten la construcción del gasoducto; así también se fiscalicen los recursos con los que se “negocia” en los Municipios su paso.

Cuatro. Se garantice la integridad física – emocional y comunitaria haciendo responsable a la  Comisión Federal de Electricidad y  autoridades en sus cuatro ámbitos de competencia (comunitario, municipal, estatal y federal) de los agravios cometidos en contra de las personas que participamos en la defensa de nuestros territorios

Atentamente

San Damián Texoloc, San Vicente Xiloxochitla, Municipio de Nativitas; San Jorge Tezoquipan, Municipio de Panotla; La Trinidad Tenexyecac, Municipio de Ixtacuixtla de Matamoros; Comité de Ciudadanos de Nealtican en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, Puebla; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, región Malinche; Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar de Atlihuetzian; Comité de Derechos Humanos Los Jicotes de Xicohtzinco; Comité de Derechos Humanos Nueva Vida a la Luz de Evangelio de San Juan Huatzinco; Comité de Derechos Humanos Semillas de Esperanza de San Rafael Tenanyecac; Comité de Derechos Humanos El Profeta de Tenancingo; Comité de Derechos Humanos San José de Nanacamilpa; Comité de Derechos Humanos para una Vida Digna de San Baltazar Temazcalac, Puebla; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, A.C., Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Centro de Economía Solidaria Julián Garcés, A.C.; Pastoral Social de Zacatelco; Coordinadora por un Atoyac con Vida, Pastoral de Derechos Humanos y Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

Vocería:

Integrante del Comité Comunitario de San Jorge Tezoquipan, Municipio de Panotla

David Álvaro Torres Vázquez  

Integrante del Comité Comunitario de San Vicente Xiloxochitla, Municipio de Nativitas

Ofelia Juárez Piedras

Integrante del Comité Comunitario de San Damián Texoloc

Araceli Hernández Sánchez

Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos

para Todos y Todas

Fernando Ríos Martínez

Integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Octavio Rosas Landa