• En Tlaxcala, agua del Río Atoyac causa de enfermedades renales

• Se requiere fortalecer la legislación ambiental para evitar que continúe la catástrofe

Tlaxcala, Tlax. 30 de julio de 2015- La senadora Lorena Cuéllar manifestó su preocupación ante los hechos registrados en Hermosillo, Sonora, donde se detectó metales pesados en la sangre de seis personas a consecuencia de la  contaminación de la presa “El Molinito”.

Lorena Cuéllar señaló que lo sucedido al norte del país es tan sólo la punta del iceberg, si se toma en cuenta que en gran parte de la República Mexicana la industria minera y manufacturera vierten constantemente desechos tóxicos al cauce de los ríos cuya agua es utilizada para el consumo humano, bebida por el ganado o se emplea en el riego de hortalizas.

“Según se aprecia en los reportes que hay hasta el momento, el nivel de envenenamiento que presentan las personas en Hermosillo, Sonora, se  apreció a  corto plazo debido a sus consecuencias.  Lo más terrible, es que  el resto de la población podría enfrentar consecuencias a mediano o largo plazo y desarrollar enfermedades mortales como la insuficiencia renal, leucemias o algún tipo de cáncer”.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social indicó que en Tlaxcala se enfrenta una situación parecida debido a la contaminación del Río Atoyac, pero lo más lamentable subrayó es que las empresas no asumen su responsabilidad.

“Desafortunadamente la legislación actual  está enfocada en incentivar la inversión del sector minero y energético sin un marco regulatorio y normativo que permita cuidar el medio ambiente, ni proteger los derechos de las comunidades y las familias mexicanas”.

Ante este escenario, la legisladora tlaxcalteca dijo que se requiere trabajar fundamental en el fortalecimiento de la legislación ambiental para evitar que este tipo de catástrofes continúen y causen más daño a la población.

“Es fundamental que el Estado garantice el derecho a un medio ambiente sano para todas y todos los mexicanos y que brinde una adecuada atención a la salud de las personas que desafortunadamente ya fueron afectadas”.

La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables mencionó que en la actualidad alrededor del 30 por ciento del territorio nacional se encuentra en manos de 293 empresas de capital extranjero que extraen los recursos minerales del país y atienden únicamente a intereses económicos sin preocuparse por la salud de la ciudadanía.

Sostuvo que es necesario que desde el Senado de la República se trabaje para asegurar que las normas mexicanas se ajusten a lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)  porque actualmente los niveles de contaminantes permitidos son más elevados que los recomendados internacionalmente.