En México existen más de 7 millones de personas con alguna discapacidad

 Responsabilidad del Estado otorgarles las herramientas para su pleno desarrollo

 La senadora Lorena Cuéllar Cisneros se sumó al exhorto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que de inmediato las autoridades federales, locales y municipales difundan e implementen el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para personas con discapacidad.

Cuéllar Cisneros, secretaria de dicha instancia legislativa, señaló que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, la mayoría lo hacen con un perfil de baja calificación, lo que ocasiona un deterioro en su nivel de ingreso y por ende en su calidad de vida.

“En nuestro país tenemos 7.3 millones de personas con discapacidad y de estos uno de cada dos vive en situación de pobreza; apenas 1.5 millones cuenta con algún empleo formal. Cifras de CONEVAL muestran que en los últimos años el porcentaje de personas con alguna discapacidad en situación de pobreza ha ido en aumento”.

El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para personas con discapacidad –dijo- comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo y talleres asistencia técnica, entre otros.

Esto permitiría mejorar sustancialmente las condiciones de vida de este sector de la población que, en la actualidad, se encuentra en situación de vulnerabilidad.

“La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en 2008 y se trata del primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI, sus principios generales son principalmente el respeto a la dignidad, autonomía e independencia, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en  sociedad, el respeto a la diferencia y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo Social indicó que las personas con discapacidad, al tratarse de un grupo con un algún grado de indefensión derivado de sus condiciones, dependen del cuidado y protección que puedan ofrecerles sus familias y las instituciones del Estado.

Por ello, subrayó es necesario que desde el Senado de la República se haga un llamado para que los Congresos Locales realicen los cambios necesarios al marco jurídico local a fin armonizarlo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, para llevar a cabo esta importante labor, efectúen las consultas necesarias con organizaciones de personas con discapacidad.

“También hacemos un exhorto para que los ayuntamientos y municipios incorporen dentro de su infraestructura la instalación y adaptación de medidas de accesibilidad e inclusión, así como espacios públicos para personas con discapacidad, y que esto quede estipulado en los reglamentos de construcciones de las entidades federativas”

Finalmente, la legisladora por Tlaxcala sostuvo que el objetivo del exhorto es allegarse como Estado, de los elementos que faciliten la movilidad y atiendan el principio de igualdad de derechos, ya que toda infraestructura debe construirse bajo principios de planificación y debe garantizar que todas las personas participen activamente en su papel dentro de la sociedad.