·         El probable responsable adquirió varias máquinas para coser que no pagó.

La Policía de Investigación adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje) aprehendió a Adrián Rojas Hernández, quien contaba con un mandamiento judicial por el delito de fraude, en virtud de que se negó a pagar la cantidad de 231 mil 300 pesos por la adquisición de maquinaria costurera

Su aprehensión fue posible gracias a que el Agente del Ministerio Público integró debidamente la Averiguación Previa con las pesquisas realizadas por oficiales de la Policía de Investigación y diligencias practicadas por peritos.

Lo anterior, ya que en varios meses del 2014, el probable responsable le compró al agraviado varias máquinas para coser, cuya suma total fue de 231 mil 300 pesos; sin embargo, el imputado incumplió a los pagos correspondientes en las fechas pactadas en el contrato.

Asimismo, en repetidas ocasiones el afectado buscó al comprador, a fin de instarlo a que liquidara su deuda; no obstante, el defraudador se negó a pagar el efectivo.

Por ello, el afectado interpuso la denuncia correspondiente, que permitió que  el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, emitiera la orden de aprehensión dentro del proceso 139/2015 por el delito de fraude.

Con el mandamiento judicial, los detectives se abocaron a la localización del probable responsable y, gracias a su labor de investigación, determinaron que Rojas Hernández podría ser ubicado en el municipio de Papalotla.

Con esta información, a las 15:20 horas del 5 de octubre del año en curso, ubicaron en la calle Monterrey de la demarcación citada, a un hombre cuyas características fisionómicas coincidían con las del sospechoso.

Ante esta situación se aproximaron al sujeto y al corroborar que se trataba de Adrián Rojas Hernández, informaron la situación que prevalecía en su contra, por lo que fue remitido al Centro de Reinserción Social (Cereso) desde donde enfrentará su proceso legal.

Estas acciones de revisión se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que, para sustentar el desarrollo del Estado, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad.