Participa en su calidad de titular de la Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género de la CONATRIB

La Presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Elsa Cordero Martínez, como titular de la Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género, perteneciente a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, (CONATRIB), participó en la reunión nacional de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

Se trató de la décima sesión ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México.

En el evento celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado fin de semana, la Magistrada Presidenta, presentó un informe correspondiente al apartado 3 en materia de avances en la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional y administrativo.

“Rendí un informe del apartado 3 que se refiere a todas las actividades que se realizaron por parte de los Poderes Judiciales locales respecto a la igualdad de género, se destacó que actualmente el 100 por ciento de ellos tenemos creadas las unidades de igualdad”, comentó.

En su nuevo encargo nacional, la Magistrada Presidenta, puntualizó que solo 16 entidades federativas han firmado el pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México con AMIJ.

Dicho pacto establece que las instituciones impartidoras de justicia del país, tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales, así como hacer efectivo el principio de igualdad, tal como lo estipulan los artículos primero y cuarto Constitucionales.

“Se estableció un compromiso por parte de esta Unidad para que propiciemos que los 15 estados que faltan, vayan y logren la adhesión a la firma del pacto por AMIJ, explicamos cómo está compuesto el programa de trabajo de la Unidad con sus dos grandes líneas de acción y los avances en específico que se realizan”, comentó.

Cordero Martínez también reconoció el trabajo comprometido de las y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del país, así como de las y los funcionarios judiciales e integrantes de los Consejos de la Judicatura locales, para lograr la generación tanto de políticas internas como de juzgar con perspectiva de género de manera idónea y con respeto a los Derechos Humanos.