Tlaxcala, Tlax., Octubre 20 de 2015

El Pleno de la LXI Legislatura Local, por mayoría de votos, expidió la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala, la cual tiene la finalidad de agilizar y hacer más accesibles los actos, procedimientos, trámites y prestación de servicios que corresponden a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, los Poderes Legislativo y Judicial, los Municipios y los Organismos Públicos Autónomos.

En el dictamen, leído en la sesión ordinaria de esta martes y formulado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se hizo hincapié que con esta nueva disposición se busca establecer un marco jurídico y un adecuado apoyo administrativo que dé seguridad a la inversión y aumente la competitividad estatal en todos los ámbitos, tanto sectoriales como regionales.

Asimismo, se recordó que el  hecho de que el Congreso de la Unión haya legislado en la materia en el año 2012, constituye un signo de que a nivel federal se reconoce la generalización del uso de la firma electrónica avanzada en la distintas operaciones que, en su caso, sean competencia de las autoridades de ese nivel de gobierno y, por ende, la necesidad de regularla, tal y como en algunos Estados ya se venía haciendo.

Así también, se destacó que este nuevo instrumento servirá sirva para facilitar los trámites ante el gobierno y las transacciones entre particulares; además de seguir  los lineamientos de la Ley de Firma Electrónica Avanzada federal.

Por otra parte, en la misma sesión ordinaria, el legislador José Gilberto Temoltzin Martínez, dio lectura la iniciativa por la que propuso adicionar el artículo 4 Bis al Código Civil del Estado de Tlaxcala.

Explicó que la propuesta tiene como objetivo que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, prevalezcan los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Añadió que ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, el Estado garantizará la obligación de impartir justicia con perspectiva de género.