La aportación de pruebas por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) permitió que la Policía de Investigación concretara la aprehensión de Bonifacio Sánchez Flores, quien cuenta con un proceso en su contra por el delito de fraude específico.

Dentro del expediente se desprende que en noviembre de 2010, el probable responsable proporcionaba sus servicios como abogado a la agraviada por la cantidad de dos mil pesos, a fin de realizar los trámites correspondientes para la legalización de un terreno.

Durante el trámite, Sánchez Flores solicitó a la afectada la cantidad de 10 mil pesos, con el propósito de continuar con el proceso legal; sin embargo, tres meses después, la agraviada no tuvo noticias favorables de su predio.

Por lo anterior, la defraudada acudió directamente ante el Juez de la causa, autoridad que informó que el probable responsable no le ha dado seguimiento al caso, además de reiterar que ese tipo de trámites son totalmente gratuitos.

Posteriormente, la víctima se presentó con Sánchez Flores y le comentó lo sucedido, acción que provocó que el imputado le devolviera los documentos, además le indicó que no regresaría el efectivo ya que no contaba con él.

Con esta información, la defraudada acudió a la Agencia del Ministerio Público e interpuso la denuncia correspondiente. Por ello, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras obsequió la orden de aprehensión en contra de Bonifacio Sánchez Flores, dentro del proceso 47/2014.

Con el mandamiento judicial, los detectives se abocaron a la localización del sospechoso, por lo que la noche del 24 de noviembre del año en curso, se trasladaron al municipio de Yauhquemehcan, donde ubicaron a un hombre cuyas características fisionómicas coincidían con las del  imputado.

Ante esta situación, se aproximaron al probable responsable y al comprobar que se trataba de Sánchez Flores, le informaron la situación que prevalecía en su contra, por lo que fue  aprehendido y remitido al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco desde donde enfrentarán su proceso legal.