El problema del robo o suplantación de identidad en México ha crecido de manera desmedida en los últimos años, principalmente con el uso del internet, y consiste en la usurpación de datos y documentos de una persona por otra para realizar acciones fraudulentas, es decir, se da cuando alguien adquiere, posee o utiliza información de otros sin su autorización, con el único propósito de cometer un delito.

Los datos personales es toda aquella información que nos identifica como personas, en términos generales el nombre, número de teléfono, domicilio, huellas dactilares, fotografías, licencia de manejo, seguridad social, tarjetas de crédito y cuentas bancarias, contraseñas, credencial de elector, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, entre otros documentos que pueden falsificarse.

Entre los casos que presentan mayor recurrencia está el mal uso de cuentas de tarjetas de crédito, de cheques y de ahorro, así como compras por internet o pago de servicios con cargos a los titulares, la apertura de nuevas cuentas o servicios de telefonía fija o celular, solicitudes de préstamos hipotecarios.

Datos oficiales revelan un aumento de este delito, de hecho son más de 100 mil quejas, según el reporte anual de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), señalan que del año 2011 al 2015 se incrementaron en promedio 2 mil 400 por ciento; sólo en este último año subió un 29.3 por ciento en comparación con 2014, que reportó 41 mil 697 reclamos.

A la luz de la cifras y la información oficial es un grave  y preocupante problema que demanda atención, seguimiento y respuesta efectiva de las instituciones, porque pone en riesgo a particulares que proporcionan sus datos personales y se hace mal uso de ellos.

Prácticamente han sido los prestadores de servicios financieros quienes han denunciado el incremento de este delito, ya que han sufrido cuantiosas pérdidas económicas.

Ante este problema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Asociación de Bancos de México y el Instituto Nacional Electoral (INE), suscribieron un convenio de colaboración para combatir e inhibir el robo de identidad en México. Es importante resaltar que en las bases de datos e imágenes del Registro Federal de Electores, se tiene información de unos 81 millones de ciudadanos.

Por medio de recursos tecnológicos, el INE pondrá a disposición de los bancos el “Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar”, el cual permitirá corroborar y autenticar la identidad de los clientes en línea –previo consentimiento del solicitante-, para cotejar los datos de la credencial para votar vigentes e inhibir el robo de identidad.

Según las capacidades técnicas de las instituciones bancarias, se podrán comparar las huellas dactilares, de tal forma que se corrobore que el portador de la credencial para votar sea la misma persona que realizó el trámite ante el INE y así evitar la suplantación de identidad.

Lo anterior representa un avance en la ejecución de políticas públicas integrales y transversales que, esperemos, en el corto plazo tengan impacto favorable en las instituciones financieras y en la población en general.

El reto que se tiene frente a la tecnología de la información es precisamente conservar la privacidad de los datos personales, debemos exigir nuestro derecho a que se protejan, a saber quién tiene esta información, para qué la quiere, qué uso hará de ella, y sobre todo, oponernos a que se utilice o se difunda sin nuestro consentimiento.

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6 y 16, establece un marco normativo para que a través de ciertos mecanismos, se exija el derecho a la protección de datos, en particular éste último prevé el derecho a la protección de datos personales, al acceso, rectificación, cancelación y oposición –conocidos como ARCO-, garantía que también se establece para las y los ciudadanos; la Ley Federal de Protección en Posesión de los Particulares, bajo reglas, requisitos, condiciones y obligaciones mínimas, muy específicas que deben observar los particulares que requieran de esta información; por eso, corresponde a nosotros defender este derecho. Hasta la próxima.