• Tania Carmona Camacho fue capturada oportunamente en 2013 por la entonces Policía Ministerial. 

• La probable responsable secuestró y asesinó a una persona del sexo masculino, en complicidad con un hombre y un menor de edad.

En una acción contundente en beneficio de los tlaxcaltecas, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consiguió que un Juez Penal condenara a Tania Carmona Camacho a 95 años de prisión y al pago de una multa de 15 mil días de salario mínimo, lo que da un total de 920 mil 700 pesos, tras encontrarla culpable  del delito de secuestro agravado.

Este fallo es producto del trabajo implementado por la trilogía investigadora de la dependencia encargada de procurar justicia conformada por el Agente del Ministerio Público, Policía de Investigación y peritos en sus distintas ramas, ya que cada una de las pruebas aportadas dentro de la indagatoria y al proceso penal acreditaron la plena culpabilidad de la probable responsable.

La detención ocurrió en mayo de 2013, cuando a través de un operativo desplegado por la entonces Policía Ministerial, se logró la captura de Tania Carmona Camacho, Ernesto Vázquez Vega, y un menor de edad, quienes confesaron haber secuestrado y asesinado en febrero del mismo año, a quien en vida respondió al nombre de José Antonio Hernández López.

De esta manera, el Agente del Ministerio Público integró debidamente la Averiguación Previa correspondiente con las pruebas científicas y diligencias practicadas por los especialistas, que comprobaron la culpabilidad de Carmona Camacho en el delito de secuestro agravado, lo que permitió al Juez de la causa condenarla a 95 años de prisión y al pago de una multa de 15 mil días de salario mínimo, lo que da un total de 920 mil 700 pesos.

Cabe resaltar que, de igual manera, su cómplice de nombre Ernesto Vázquez Vega, en diciembre de 2015, fue condenado a 95 años de prisión, al pago de una multa de 15 mil días de salario mínimo y a la reparación del daño, tras encontrarlo culpable de este mismo delito.

Así, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirma su compromiso ante la ciudadanía de combatir por todos los medios legales el delito de secuestro y los demás ilícitos de su competencia, con el objetivo de que prevalezca el estado de derecho y con ello seguir recuperando la confianza de la sociedad en la institución del Ministerio Público.