Por José Hernández
Alcaldes de Tlaxcala denunciaron condicionamiento por parte de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local para la liberación de su ajuste trimestral, con el argumento de que no han cubierto sus multas por el retraso en la presentación de sus cuentas públicas.

Por temor a represalias, un grupo de presidentes municipales declaró bajo la gracia del anonimato que los diputados locales se han negado a dar instrucciones a la Secretaría de Planeación y Finanzas para que les entreguen el ajuste trimestral a las alcaldías, en tanto no muestren el Boucher de pago o transferencias bancarias por las multas depositadas en la Secretaría Administrativa del Congreso.
Alegaron que con estas acciones inconstitucionales, dejan en entredicho el trabajo legislativo que deberían desempeñar, puesto que exigen recursos económicos que las alcaldías no tienen y cuya aplicación útil se desconoce.

Lo anterior debido a que el Congreso del Estado ha dejado claroscuros en la aplicación o destinos del dinero que aportan los alcaldes por las sanciones que estable la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

El artículo 73 de aquel ordenamiento fija que el OFS impondrá una multa de 80 a cien días de salario mínimo general vigente en el estado, cuando el atraso de la cuenta pública sea de un mes, pero subirá la sanción de cien a 200 días de salario cuando el atraso sea de dos meses e impondrá un multa de hasta 300 días de salario cuando el atraso sea de tres meses, lo cual hace que el legislativo recaude millonarias sumas de dinero.

Los alcaldes quejosos señalaron que no se oponen a cubrir las multas, pero no lo han hecho debido a que no cuentan con el recurso suficiente para hacerlo, además están previendo el pago de fin de año a sus trabajadores.

Lamentaron la posición cerrada de los legisladores locales quienes exigen los pagos, mismos que podrían efectuarse una vez que sea liberado el pago de los ajustes trimestrales, pero los están condicionando de más y se están extralimitando en sus funciones.

Con estas acciones, aseguraron, están violentando la autonomía de los municipios, además de caer en evidentes contradicciones al exigir recursos que al mismo tiempo obstaculizan.