• En cinco años y 11 meses que van de la presente administración estatal, se fomentó la cultura de la legalidad y la prevención del delito de trata de personas

A través de la coordinación interinstitucional entre dependencias estatales y federales encabezadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en lo que va de la presente administración estatal se efectuaron 173 operativos, a través de los cuales fueron cerrados 265 bares y centros nocturnos que incumplían con diversas normas, al tiempo que se combatió el delito de trata de personas.

Estas acciones interinstitucionales estuvieron encabezadas por la procuradora Alicia Fragoso Sánchez y participaron elementos de la Policía de Investigación, Agentes del Ministerio Público y peritos especialistas de la dependencia estatal.

Así como efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), de la Policía Federal, trabajadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepc) y de las comisiones para la Prevención contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) y Estatal de Derechos Humanos (Cedh).

A través de estos operativos, durante los cinco años y 11 meses que va de la presente administración, se revisaron 328 establecimientos de los cuales suspendieron 265 de diversos giros comerciales por incurrir en faltas administrativas, sanitarias, de seguridad e, incluso, por el delito de trata de personas.

Con estas acciones contundentes, la dependencia encargada de procurar justicia rescató a 85 personas por corrupción de menores. A todos ellos se les brindó la atención interinstitucional correspondiente para su reincorporación al núcleo familiar.

Lo anterior, demuestra la excelente colaboración de los tres órdenes de Gobierno para inhibir la trata de personas, así como detectar armas de fuego, drogas o cualquier actividad ilícita en antros, bares, centros nocturnos, moteles y en la vía pública de todo el territorio tlaxcalteca.

Estos logros se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el cual establece que, para mantener el desarrollo de la entidad, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad.