El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) ordenó dar vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), respecto de la conducta atribuida a la titular y al delegado de esa dependencia en Tlaxcala, Rosario Robles Berlanga y Sergio Pintor Castillo, respectivamente, para los efectos a que haya lugar sobre la comisión de violaciones a la norma electoral en el periodo de campañas realizadas este año en la entidad.

Si bien la denuncia interpuesta en su momento también fue en contra del gobernador Mariano González Zarur y del presidente municipal de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, los magistrados electorales declararon existente la violación únicamente en contra de la titular de la Sedatu y del delegado de la misma dependencia gubernamental en Tlaxcala.

Lo anterior, porque se encontró acreditada la difusión de propaganda gubernamental atribuible a ambos funcionarios, “en razón de que realizaron entrega de títulos de propiedad, cancelación de hipotecas, apoyos de vivienda y escrituras, en un evento masivo, durante la campaña electoral en el estado, y no se encontró justificada la necesidad de realizar la aludida entrega en ese periodo”.

Si bien es cierto que en dicho acto no se hizo referencia a apoyar algún candidato o partido, o se promocionó la imagen de alguna persona, los magistrados coincidieron en que con la realización del evento y su difusión “se provocó un impacto negativo que pusieron en riesgo los principios que rigen la contienda electoral”.

Por ello, ordenaron dar vista a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Sedatu, respecto de la conducta atribuida a los dos funcionarios federales, “para los efectos a que haya lugar”.

Por otra parte, el Pleno del TET aprobó el acuerdo plenario de cumplimiento por parte del alcalde de Santa Ana Chiautempan, Antonio Mendoza Romero, de la resolución que le ordenó el pago de remuneración salarial correspondiente al mes de octubre, a la síndica municipal Belén Vega Ahuatzin.

Asimismo, el Pleno del TET desechó de plano el recurso del juicio ciudadano 357/2016 interpuesto por Francisco Jerónimo Bello Rosales y otros, en contra de supuestos actos ocurridos en la asamblea para elegir presidente de la comunidad de Diego Muñoz Camargo, perteneciente al municipio de Tlaxco.

El desechamiento de la demanda se dio al actualizarse la causal prevista en el artículo 23, fracción IV en relación con el numeral 24, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Medios, consistente en la actualización de una causal notoria de improcedencia, concretamente la relativa a la inexistencia del acto o resolución recurrida.

Si bien es cierto que constó en autos que la asamblea se reunió el día convocado para elegir al presidente de la comunidad, también lo es que en ésta no se decidió la regla que definiera qué personas tendrían derecho a votar, pues algunos miembros controvirtieron el uso o costumbre sin que se llegará a un acuerdo y por tanto se suspendió la señalada asamblea, sin que se dictara el acto que se reclamaba.