* Desde la SEDUVI se presionó a otras dependencias para que se aceleraran los trámites y autorizaran la construcción de la obra, sin haber consultado a los habitantes y violando las leyes que garantizaban la protección del espacio donde hoy está concluirse el centro comercial Patio Fuentes Tlalpan

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017

«Los derechos humanos no se negocian. No podemos ponerle precio a la calidad de vida, al derecho al agua, a la defensa del patrimonio», afirmaron vecinos del pueblo originario de Santa Úrsula Xitla, de la delegación Tlalpan, durante la conferencia de prensa que ofrecieron esta mañana para informar sobre el procedimiento jurídico para echar atrás la construcción del centro comercial Patio Fuentes Tlalpan, proyecto de la empresa MRP dirigida por un cuñado de Carlos Salinas de Gortari, edificada con la complacencia, complicidad y contubernio de las autoridades en el Gobierno de la Ciudad de México y de la delegación.

Los vecinos representados por Rolando Cañas y Octavio Martínez Camacho, esperan sentar precedente jurídico, al ser la primera ocasión en que un grupo de vecinos demanda a 10 autoridades ante un juez federal por la protección de los derechos humanos y éste encontró elementos suficientes para aceptar la demanda de amparo, dándoles confianza en que la resolución judicial será favorable incluso para demoler la obra que ya va en un 90% de avance.

Los quejosos explicaron que el predio histórico conocido como la Antigua Clínica Psiquiátrica San Rafael, fue vendido en 2012 y en 2015 se inició la construcción de un inmueble con una superficie de 101,378.04m2 y 1,580 cajones de estacionamiento en un sótano, por la empresa Grupo México Retail Properties (MRP), de la que es presidente, Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

La autorización la dio el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Simón Neumann, quien toleró un edificio de 7 niveles. Y a partir de allí se vino una serie de irregularidades y autorizaciones ilegales por parte de diversas autoridades del Gobierno de la hoy Ciudad de México y de la Delegación Tlalpan, cuyos titulares son Miguel Ángel Mancera y Claudia Scheinbaum.

El predio ubicado en la Avenida Insurgentes Sur, en el cuadrante que completan las calles Arenal, Cuautla y Santa Úrsula, “fue una donación a la orden de Los Monjes Juaninos para construir el Hospital San Rafael; esta donación tenía como fin generar beneficios a la comunidad. Sin embargo, al iniciar la construcción de manera ilegal, desde la SEDUVI se estuvo presionando a otras dependencias para que se aceleraran los trámites y autorizaran la construcción de la obra, sin haber consultado a los habitantes y violando las leyes que garantizaban la protección de este espacio”, dijo el portavoz de los vecinos Javier Méndez Guzmán.

El gobierno de la Ciudad de México, a través de todas dependencias públicas como SEDUVI, SEDEMA, SEMOVI, SACMEX y el Espacio Público, entre otras, violó acuerdos internacionales que lo obligaban a consultar a los pueblos originarios sobre la edificación de cualquier obra de grandes dimensiones en su territorio, expresaron los afectados, ya que existen más de 20 colonias que van a ser afectadas en su movilidad.

Pero, además, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), a cargo de Miguel Ángel Cancino, reconoció en 2013 que la obra traería serias complicaciones viales, por el impacto ambiental que generaría y en 2015 solicitaron al Instituto de Ingeniería de la UNAM un estudio de tráfico vehicular, el cual recomienda que la Secretaría de Movilidad emita una opinión técnica desfavorable al proyecto de la empresa MRP.

Asimismo, los vecinos lograron obtener un documento de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en abril de 2016, donde responde que no cuenta con solicitud alguna para la demolición de ese bien inmueble.

A pesar de todo esto, en julio de 2015, el delegado interino en Tlalpan, Héctor Hugo Hernández otorgó una autorización de construcción Tipo C y SEDUVI autorizó la segunda demolición parcial del predio, lo que sólo dejó la fachada del inmueble y dio paso a la destrucción de toda la capilla.

“Los pueblos originarios contamos con los documentos y títulos primordiales del siglo XVI, a través del códice de San Agustín de las Cuevas fechado entre 1532 y 1537, donde se reconoce la historia de Tlalpan y se les nombra defensores de ese territorio”, dijo Margarita Guevara, actora en el Juicio de Amparo.

Finalmente exigen al gobierno de la Ciudad de México y a sus distintas dependencias “que dejen de defender privilegios económicos de unos cuántos y protejan el patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestros pueblos”, solicitando que se suspenda y cancele la obra.

Añadieron que confían “en los criterios de protección a los derechos humanos que están obligados a seguir todos los jueces y en este caso la participación de un juez federal nos da confianza de que sea sensible ante este reclamo”, tras haber interpuesto un juicio de amparo ante el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.