Tlaxcala merece un tribunal administrativo eficaz

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, participó en los foros para la implementación del Sistema de Ética e Integridad Pública del Estado de Tlaxcala, organizado por el Congreso local, en el que destacó la necesidad de crear un tribunal independiente que imponga sanciones y con la seguridad de estar apegado a la norma contra la corrupción.

Lo anterior, derivado de la construcción nacional por el que fue creada la Ley Nacional de Responsabilidades Administrativas que da la pauta al estado de Tlaxcala generar una nueva norma y derogar todas aquellas que sean contrarias.

En el Congreso del Estado y con la presencia de Diputados locales, autoridades estatales y empresariales, la Magistrada Presidenta sugirió que en el momento de legislar sobre esta materia, debe tomarse en cuenta el contenido del decreto 136 por el que se reformó entre otros a la Constitución Política del Estado Tlaxcala.

“Se transformó la integración del Tribunal Superior de Justicia, reconociendo el establecimiento de la Sala Administrativa hasta en tanto se dieran los plazos de la reforma de mayo que crea el Sistema Nacional Anticorrupción en sus transitorios, incluso se reconocen los derechos adquiridos de los magistrados de la materia, y no olvidemos que en sus estructura institucional se integran personas con Derechos Humanos, laborales y sociales”, detalló.

Por lo que dejó en claro que Tlaxcala merece un tribunal administrativo eficaz y especializado, tal como lo dice la norma internacional, “el régimen para el Poder Judicial está también previsto que no como excepción sino como garantía de su independencia no puede ser trastocado, es decir no está exento de la fiscalización y de la supervisión de sus miembros por el contrario, pero su procedimiento no se ajusta ante las mismas autoridades que el resto de los servidores públicos”.

Dijo que la integración del sistema y la creación de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, activan en automático la creación o reforma integral de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Código Penal Estatal, así como de las estructuras orgánicas de los poderes e instituciones.

“Es tiempo de revisar el acotamiento del fuero, la eficacia y vigencia del juicio político y la declaración de procedencia y porque no hasta vislumbrar lo que significa una mala administración con base a la directiva de la unión europea”, especificó.

Explicó que los parámetros que otorga la Ley General de Responsabilidades Administrativas permiten a esta entidad innovar y crear procedimientos orales o en audiencias de oralidad, lo cual permitiría el acceso eficiente de los procedimientos.