·         Javier Benítez Sosa fue capturado oportunamente por la entonces Policía Ministerial, ya que privó de la vida a su colega y socio

Con base a los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) un Juez Penal dictó sentencia condenatoria de 17 años cuatro meses de prisión y una multa de 40 días de salario mínimo contra Javier Benítez Sosa, responsable del homicidio de un hombre perpetrado en el municipio de Hueyotlipan en 2011.

De acuerdo con el expediente, el 3 de marzo de 2011, el equipo de investigación de la PGJE realizó el levantamiento del cuerpo de una persona del sexo masculino, que fue hallado calcinado en terrenos de labor ubicados en la población de San Simeón Xipetzinco, municipio de Hueyotlipan.

Como resultado de las investigaciones, en marzo de 2015, a través de una orden de comparecencia los detectives ubicaron y presentaron ante el fiscal a Javier Benítez Sosa, ya que era señalado como probable responsable del ilícito.

Ante el Representante Social, el sospechoso reconoció que los hechos que narró inicialmente en su declaración de 2011 no son verdad, ya que confesó que él fue quien mató a Miguel N.

En su declaración, explicó que el día de los hechos ingirió bebidas embriagantes con el hoy occiso, agregó que durante ese tiempo sostuvo una discusión de negocios con él, ya que invirtieron dinero para la remodelación y ampliación de un consultorio.

Asimismo, el agraviado amenazó a su colega con golpearlo y matarlo si no le regresaba la inversión, por lo que Benítez Sosa al verse agredido lesionó a su socio en el cuello, provocándole la muerte, al tiempo que llevó el cuerpo a terrenos de labor en el municipio de Hueyotlipan, donde le prendió fuego.

Luego de recabar las evidencias necesarias, el Agente del Ministerio Público determinó consignar al indiciado; además, continuó engrosando la indagatoria con pruebas y testimonios, que permitieron al Juez de la causa condenarlo a 17 años cuatro meses de prisión y una multa de 40 días de salario mínimo.

A través del puntual seguimiento a cada una de las denuncias, la Procuraduría General de Justicia del Estado, ratifica su compromiso de agotar todos los medios jurídicos, legales y de investigación, con el propósito de garantizar la paz social a la sociedad tlaxcalteca.