La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consiguió que un Juez Penal condenara a Marco N., a 27 años y seis meses de prisión, a una multa de 2 mil 882 días de salario mínimo y al pago de la reparación del daño, tras encontrarlo culpable por el delito de homicidio calificado, en virtud de que en 2015, privó de la vida a la víctima en el municipio de Apizaco.

Esto gracias al trabajo especializado por parte del Agente del Ministerio Público, quien aportó las pruebas contundentes dentro del proceso penal correspondiente, aunado a las pruebas científicas realizadas por peritos en sus distintas ramas, lo que acreditó la plena culpabilidad del ahora sentenciado.

Los hechos que permitieron el fallo judicial ocurrieron el 17 de enero de 2015, cuando especialistas de la PGJE fueron informados a través del servicio de emergencias, de la existencia de un cuerpo sin vida en el interior del Hospital Regional de Tzompantepec.

Con esta información, el grupo de expertos de la dependencia encargada de procurar justicia se trasladaron al lugar del deceso, donde practicaron las  diligencias correspondientes del levantamiento de quien en vida respondió al nombre de José N.

A la par, los investigadores tuvieron conocimiento que el hoy occiso fue trasladado al  nosocomio derivado de las lesiones que sufrió tras protagonizar un riña en el municipio de Apizaco; sin embargo, al ingresar a la clínica ya no mostraba signos vitales.

En tanto, la policía municipal de Apizaco aseguró y puso a disposición del Representante Social a Marco N., por el delito de homicidio calificado, ya que fue quien utilizó un arma de fuego para golpear al difunto durante la pelea.

Es por ello, que como parte del seguimiento oportuno a todas las indagatorias, el Agente del Ministerio Público continuó aportando pruebas dentro de la indagatoria, mismas que comprobaron la culpabilidad del imputado; situación que permitió que el Juez de la causa lo sentenciara por homicidio calificado.

Es así como la Procuraduría de Tlaxcala confirma su compromiso ante la ciudadanía de combatir por todos los medios legales los diferentes delitos de su competencia, con el objetivo de que prevalezca el estado de derecho.