Los diputados locales llevarán a cabo una sesión extraordinaria en el Congreso local para avalar iniciativas del gobernador Antonio Gali Fayad, entre ellas destacan, la enajenación «onerosa» de 600 hectáreas correspondientes a «La Célula» y la ratificación del nombramiento de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Además los legisladores locales avalarán la Iniciativa de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, por acuerdo del titular del Ejecutivo del estado, con el fin de armonizar la ley estatal con los requerimientos establecidos por la Ley General en la materia.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, explicó que la sesión podría realizarse el próximo miércoles 30 de agosto como una fecha tentativa; sin embargo, esta se definirá de acuerdo a los consensos con las diversas fuerzas políticas que integran el la LIX Legislatura.

Los nombres que se ratificarán para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, son María de Lourdes Dib y Álvarez, David Paz Moreno y Alfonso Siriako Guillén Almaguer, quienes conforman la terna que propuso el gobernador, Antonio Gali Fayad, para conformar este órgano que forma parte de unos de los ordenamientos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

El pasado 18 de julio el pleno del Poder Legislativo, avaló modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, impulsada por el jefe del Ejecutivo en la que a los magistrados podrán tener un cargo hasta por 15 años.

Funciones de los magistrados

La creación del Tribunal de Justicia Administrativa, servirá para solucionar las diferencias que surjan entre las administraciones estatal y municipal con particulares, así como dictar sentencia en caso de que exista un daño a la hacienda pública.

Además, los magistrados estarán facultados para determinar los montos de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables de ocasionar un perjuicio a los entes públicos de orden estatal o municipal.

En este contexto, de igual forma se les obligará a que cada cinco años remitan al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción un diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo del Tribunal.