Como parte de su cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de su compromiso con la atención al caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, una representación de alto nivel del Gobierno de la República participó en una audiencia pública celebrada en el marco del 168° periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

La referida audiencia ofreció la oportunidad para compartir información actualizada sobre el seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH, en específico en lo que se refiere a los avances registrados en materia de investigaciones, búsqueda y atención integral a las víctimas. Asimismo, permitió reafirmar el compromiso del Gobierno de la República con el esclarecimiento de los hechos del caso y sanción a los responsables.

En ese marco, la representación del Gobierno subrayó los avances más relevantes en las investigaciones y las acciones de búsqueda, a la luz del cronograma de trabajo acordado con la propia Comisión y con los beneficiaros y sus representantes. Particularmente, se destacaron las nuevas consignaciones de presuntos responsables, así como el resultado de las gestiones de la Procuraduría General de la República, que permitió unificar las distintas causas penales ante un solo juzgado y asegurar así su atención integral.

Por otro lado, se hizo referencia al documento de observaciones del Gobierno al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y, en ese respecto, se subrayó que las mismas buscan aclarar cuestiones sustantivas importantes en torno a las alegaciones de presuntas irregularidades en la investigación del caso, además que se trató de conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones. Asimismo, se recordó que el documento con la postura del Gobierno es público, y que su contenido resulta relevante para el trabajo de la CIDH en el marco de la labor del mecanismo de seguimiento.

Con su participación en la audiencia ante la CIDH, el Gobierno de la República reitera su determinación de agotar todos los esfuerzos a su alcance, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia en el caso, y atender así las demandas legítimas de los familiares de los estudiantes desaparecidos y de la sociedad mexicana en su conjunto.