Autoridades investigan a un grupo de 14 sacerdotes de la diócesis de O’Higgins que habrían mantenido relaciones sexuales con menores a cambio de beneficios económicos

La fiscalía y la policía militar allanaron el miércoles la sede del Tribunal Eclesiástico en Santiago de Chile en busca de documentos vinculados con presuntos abusos sexuales sufridos por menores de edad de manos de integrantes de la Iglesia católica.

El procedimiento fue liderado por el fiscal Emiliano Arias, quien investiga a un grupo de 14 sacerdotes de la diócesis de O’Higgins que habrían mantenido relaciones sexuales con menores a cambio de beneficios económicos para ellos y sus familias.

“En Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria”, dijo el fiscal a periodistas tras el allanamiento del Tribunal ubicado en la sede del Arzobispado de la capital chilena.

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, afirmó que «el Arzobispado de Santiago entregó al señor fiscal toda la documentación solicitada» y reiteró la “disponibilidad de colaborar con la justicia civil en todo lo que sea requerido”.

El allanamiento se produjo en momentos en que el sacerdote español Jordi Bertomeu, funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y monseñor Charles Scicluna, considerado el mejor investigador de abusos sexuales del Vaticano, se encuentran en el país indagando abusos sexuales de menores cometidos por clérigos o religiosos.

Scicluna y Bertomeu son responsables de un informe de dos mil 300 páginas que elaboraron tras recoger 64 testimonios de agresiones sexuales en febrero, lo que llevó al Papa Francisco a afirmar a fines de mayo que en la iglesia chilena hay “una cultura del abuso y del encubrimiento”.

La visita de Scicluna y Bertomeu ha sido interpretada como un gesto de Francisco hacia un laicado que sufrió por el polémico nombramiento del obispo Juan Barros en la localidad de Osorno, 950 kilómetros al sur de la capital chilena. Francisco nombró obispo en enero de 2015 a Barros a pesar de que víctimas de abusos sexuales lo habían denunciado por encubrir a Francisco Karadima, el mayor sacerdote pedófilo de la historia chilena, según una carta firmada por el mismo pontífice y que fue revelada en enero por The Associated Press.

El lunes el Papa removió a Barros y a los prelados de Puerto Montt y Valparaíso que cumplieron la edad para jubilarse.

Los 31 obispos activos chilenos renunciaron en mayo en el Vaticano, adonde fueron llamados de urgencia por el papa, quien les dijo que durante las últimas décadas se alejaron de los laicos, escucharon a medias o no escucharon a las víctimas, no investigaron o lo hicieron someramente y destruyeron material comprometedor, entre muchas otras críticas, según un documento de trabajo divulgado por la prensa.