El Gobierno del Estado expresa su desacuerdo con la decisión tomada por la Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Angélica Aragón Sánchez, que decidió negar la petición de prisión preventiva y, de esta manera, decretar la libertad del chofer que el sábado pasado fue imputado por el delito de homicidio culposo en agravio de seis personas que viajaban en la unidad que conducía en Acuitlapilco.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno realizará un extrañamiento al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado ante la decisión de la Juez, quien tomó la decisión a pesar de los datos de prueba aportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado que permitieron judicializar la Carpeta de Investigación contra el imputado.

La tarde del siete de julio, Tomás N. fue puesto a disposición del Representante Social, toda vez que al conducir en Acuitlapilco una camioneta del servicio público local provocó un accidente al impactarse contra un vehículo particular, situación que ocasionó la muerte de cinco personas en el lugar y otra más en el hospital.

Por estos hechos, el Fiscal de la PGJE integró a la Carpeta de Investigación las diligencias practicadas por peritos, así como informes realizados por oficiales de la Policía de Investigación, los cuales acreditaban la presunta culpabilidad del imputado en el hecho.

De esta manera, se judicializó la investigación y se desahogó la audiencia inicial, en la que el Fiscal solicitó que el indiciado enfrentara el proceso en prisión preventiva oficiosa; no obstante, la Juez de Control decidió negar dicha petición al tiempo que decretó la libertad del imputado.

Ante esta situación, en la reanudación de la audiencia la Procuraduría de Tlaxcala continuará aportando datos de prueba que permitan vincular a proceso al indiciado para que enfrente su proceso en prisión.

La Procuraduría General de Justicia del Estado garantiza utilizar todos los medios legales y jurídicos a su disposición para fincar responsabilidades y obtener la reparación del daño a favor de los familiares de las víctimas.