La bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma para eliminar las pensiones a los ex presidentes de la República.

En la primera sesión ordinaria de esta LXIV Legislatura se presentó la iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de eliminar, de manera explícita, las pensiones de retiro que reciben los ex presidentes, así como los beneficios en materia social y administrativa.

Los legisladores morenistas argumentan que los recursos públicos no deben ejercerse con derroche y opacidad como las «erogaciones que se realizan por concepto de pensiones a ex presidentes de la República, vigentes a partir del Acuerdo Presidencial 2763-BIS, expedido en marzo de 1987».

Dicho acuerdo establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente la República gozarán de una pensión equivalente al salario de un Secretario de Estado, así como las prestaciones en materia de seguridad social y beneficios de carácter económico, social y administrativo.

#EnPalabrasDe Dip. @mario_delgado1: Anuncia que @DiputadosMorena presenta este martes su primera iniciativa en la #LXIVLegislatura, para eliminar el #fuero constitucional de los servidores públicos. https://t.co/DOwv9PA0D3 pic.twitter.com/AXXozJTxpG

— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 4, 2018

Los senadores por Morena argumentan que la expedición de este acuerdo presidencial no puede estar por encima de lo que establece el artículo 123, Apartado B, fracción XI de la Constitución mexicana en materia de seguridad social para los trabajadores de la Unión.

Asimismo, refieren que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) establece los lineamientos en materia de seguridad social para todos los servidores públicos, incluidos los de la Presidencia de la República, como se lee en el artículo 1, fracción I de dicha ley.

«Por ello, la naturaleza del Acuerdo Presidencial 2763-BIS no puede considerarse más que irregular y extralegal. Aunado a ello, debe destacarse que las erogaciones realizadas por el Estado mexicano en esta materia se mantienen en la opacidad y representan una carga para las finanzas públicas», detallan.