• Durante el procedimiento, el Agente del Ministerio Público aportó diversas pruebas periciales, a fin de determinar la participación del acusado.

Derivado de las estrategias jurídicas y procesales del grupo de agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se logró la reprehensión de Daniel N., quien cuenta con un proceso en su contra por el delito de secuestro ocurrido en 2007.

Los hechos ocurrieron en el año en mención, cuando el imputado presuntamente privó de la libertad a un menor de edad en el municipio de Zacatelco, quien pudo ser rescatado sano y salvo.

Por estos hechos, el probable responsable fue asegurado un año después por la entonces Policía Ministerial; sin embargo, el Juez Penal consideró en su momento que no existían los elementos y pruebas suficientes para fincarle responsabilidades, por lo que fue puesto en libertad.

De esta manera el grupo de agentes del Ministerio Público realizaron varias estrategias jurídicas y acciones procesales que permitieron generar las condiciones legales necesarias para reactivar la investigación en contra de Daniel N.

Asimismo, durante el procedimiento el Representante Social adscrito a la PGJE aportó diversas pruebas periciales en materia de psicología, criminología, y otras, a fin de determinar la responsabilidad del acusado, por lo que solicitó la reaprehensión correspondiente.

Producto de estos actos procesales, la autoridad jurisdiccional decretó la reaprehensión de Daniel N., por lo que el área de inteligencia del Grupo Especial de la Policía de Investigación logró establecer su ubicación en el municipio de Yauhquemehcan.

Por ello, los oficiales se trasladaron a dicha demarcación el 2 de septiembre del año en curso, donde capturaron al imputado; de esta manera, fue certificado medicamente y remitido nuevamente al Centro de Reinserción Social (Cereso) donde enfrentará su situación legal.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado cumple su compromiso de agotar todas las etapas procesales y los recursos legales a su alcance, con el propósito de brindar certeza jurídica a las víctimas de los delitos.