• Las unidades se distribuirán en todas las regiones de la entidad
• La dependencia avanza en la capacitación para el uso de la tecnología con la que cuentan

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya tiene en su poder las mil patrullas que el Gobierno del Estado adquirió mediante licitación pública y bajo el esquema de arrendamiento. Los nuevos vehículos serán distribuidos de forma estratégica en la entidad, a fin de reforzar la seguridad en todas las regiones y en las distintas corporaciones que integran la SSP. Asimismo, ayudarán a renovar el parque vehicular de la dependencia.

En este sentido, aquellas unidades que sean reemplazadas se distribuirán en los municipios que lo requieran mediante comodato, como lo instruyó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Las unidades -tipo RAM doble cabina- están equipadas con tecnología de la más reciente generación lo que las coloca como pioneras en el país, al contar con reconocimiento de matrícula vehicular (placas), que permiten el cruce de datos con plataformas nacionales y locales.

Además, cuentan con inteligencia de lectura de rostros con una cámara que gira 360 grados, así como un botón que envía una alerta y empieza a transmitir video en vivo al Centro de control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) ante situaciones de riesgo.

También tienen un grabador de video móvil y están equipadas con posicionamiento global (GPS), integrado al sistema en el C5i, igualmente cuentan con una cámara para el oficial (conocida como Body Cam) con capacidad para transmitir en tiempo real y una cámara instalada al interior de las patrullas con micrófonos integrados.

Es importante mencionar que los policías que operarán las nuevas patrullas son capacitados para aprovechar al máximo la tecnología con la que cuentan.

Al contar con las mil patrullas e iniciar con la entrega de los vehículos a los municipios, la Secretaría de Seguridad Pública cumple con el compromiso del gobernador Miguel Barbosa Huerta, de poner en marcha una estrategia que garantice la protección de las y los ciudadanos.