La Corte Suprema ratificó el jueves el programa que protege de la deportación a los inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad y les permite trabajar.

El tribunal decidió que el presidente Donald Trump no puso fin de manera apropiada al programa. Trump intentó cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) en 2017, poco después de ganar las elecciones con una campaña mayormente antiinmigración.

A continuación, una explicación de lo que significa la decisión del máximo tribunal:

¿QUÉ ES EL DACA?

El DACA fue creado en 2012 por el gobierno de Barack Obama. Jóvenes inmigrantes organizaron sentadas en oficinas del Congreso y protestas afuera de la Casa Blanca para presionar a Obama a implementar una medida que atendiera su estatus migratorio. Estos inmigrantes, conocidos popularmente como dreamers por la Ley DREAM —un proyecto fallido que les habría otorgado herramientas para naturalizarse_, llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y han crecido en el país.

El DACA les permite trabajar de forma legal y los protege de cualquier proceso de deportación. Pero fue limitado a aquellos de entre 15 y 30 años de edad, que asistían o se graduaron de secundaria y no tenían antecedentes penales. La cuota de inscripción y renovación es de casi 500 dólares.

Muchos de los beneficiarios originales del DACA eran estudiantes universitarios que enfrentaban un duro panorama laboral al finalizar sus estudios debido a que no podrían trabajar legalmente. Ahora, muchas de las 650.000 personas que se inscribieron al programa son profesionistas; algunos de ellos incluso son padres y abuelos. En su punto más alto, el programa llegó a tener casi 800.000 beneficiarios.

¿POR QUÉ TRUMP INTENTÓ CANCELAR EL DACA?

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump prometió ponerle fin al DACA, pero después atenuó su postura antes de finalmente ordenarle a su gobierno que anunciara la cancelación en septiembre de 2017.

El gobierno argumentó que el programa era ilegal y que, aunque no estaba a favor de castigar a los niños por las acciones de sus padres, “también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes. Entre otros motivos para suspender el programa, su gobierno también citó un fallo de un tribunal menor que ordenó la suspensión de una expansión del DACA que habría sido aplicable a los padres.

Texas y otros estados amenazaron con demandar al gobierno a raíz del programa después de haber entablado querellas para frenar su expansión durante el gobierno de Obama. Activistas por los derechos migratorios impugnaron la decisión de Trump y las cortes de apelaciones mantuvieron el programa con vida, pero únicamente para aquellos que ya estaban inscritos.

Durante una audiencia ante jueces en noviembre pasado, el abogado del gobierno arguyó que éste asumía la responsabilidad de sus decisiones y que tenía la autoridad para cancelar el DACA, incluso siendo legal, porque era una mala medida política.

Nos pertenece”, dijo el abogado Noel Francisco.

¿QUÉ PASA AHORA?

La Corte Suprema dijo el jueves que si bien Trump puede cancelar el programa, lo hizo de manera inapropiada. Eso significa que, si quiere, el gobierno puede intentarlo de nuevo, tal como lo hizo con éxito con la restricción a la llegada de personas de ciertos países en 2017, la cual fue rechazada inicialmente en los tribunales.

Los expertos señalan que es poco probable que suceda antes de las elecciones, en parte porque el DACA cuenta con un amplio respaldo bipartidista entre el público estadounidense. Incluso si llegara a intentarlo de nuevo, no podría concluir el proceso federal de reglamentación antes de las elecciones de noviembre.

La decisión de la Corte Suprema mantiene el DACA intacto para sus 650.000 beneficiarios, manteniendo sus protecciones, que tienen una vigencia de dos años.

Pero el programa no ha aceptado solicitudes nuevas en un par de años, y se desconoce si las personas que cubrían los requisitos para pertenecer al programa pero no pudieron inscribirse cuando Trump anunció la cancelación del programa podrán hacerlo ahora.

Sarah Pierce, analista política para el Migration Policy Institute, dijo que es poco probable que el gobierno de Trump acepte nuevas solicitudes sin una orden de un tribunal menor. “La moneda está en el aire”, comentó.

¿EXISTE OTRA SOLUCIÓN?

Ha habido múltiples intentos de aprobar una ley que legalice el estatus y les ofrezca a los dreamers herramientas rumbo a la naturalización, pero incluso los proyectos con apoyo bipartidista han fracasado.

Después de que Trump intentó suspender el programa en 2017, el presidente le fijó un plazo al Congreso de seis meses para presentar una solución. No lo hicieron.

Pierce también señaló que no cree que el Congreso apruebe ninguna medida que involucre a los dreamers.

Ya han pasado casi dos décadas tratando de crear una ley para los dreamers, y no han podido hacerlo”, comentó Pierce. “Si el programa continúa administrativamente, no tengo muchas esperanzas de que el Congreso avance en algún cambio a largo plazo, al menos en el futuro inmediato. Todo lo relacionado a la inmigración es muy político”.

La última vez que el Congreso intentó votar un proyecto que proporcionara un mecanismo de naturalización, el gobierno presentó una larga lista de exigencias que complacían a los políticos de línea dura, lo que le costó el respaldo generalizado.