La Conagua y los organismos operadores de agua potable y saneamiento necesitan ser rescatados para garantizar que el derecho humano al agua sea una realidad y no sólo un enunciado en la Constitución.

Así lo manifestaron expertos nacionales e internacionales convocados al cierre del ciclo de conferencias «Iniciativas y propuestas de cambio para enriquecer el marco jurídico del agua”, organizado por el senador Raúl Paz Alonzo, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

En su participación, Arturo Palma, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), advirtió que de 2016 a la fecha, la inversión en el sector cayó 87 por ciento en términos reales, es decir, que ahora Conagua sólo cuenta con 13 de cada 100 pesos que antes tenía de presupuesto.

Destacó que los 700 organismos operadores en todo el país están prácticamente quebrados, ya que a pesar de que el consumo de agua potable aumentó entre 30 y 40 por ciento por la pandemia de Covid-19, la tarifa eléctrica pasó de pública a privada sin previo aviso, con incrementos de hasta 180 por ciento y la cartera vencida creció al 50 por ciento por la pérdida de empleos.

Explicó que en contraste el saneamiento de un metro cúbico de agua cuesta 19 pesos en promedio a nivel nacional, pero por políticas públicas, “como la persona que pide el voto es la misma que fija la tarifa”, sólo se pueden cobrar tres pesos.

“Hoy en casa hay que suministrar agua todo el día, entonces nos cambia todo el panorama, la OMS nos pide que en lugar de clorar al .20 miligramos por litro, ahora cloramos al .5, lo cual son costos adicionales”, indicó.

Ante este panorama, Arturo Palma dijo que les urge un rescate financiero, porque no saben cuánto tiempo más tendrán que aguantar para que se reactive la economía.

En su oportunidad, José Luis Luege, presidente de Ciudad Posible indicó que se requiere una Ley General de Aguas con reglas claras sobre la competencia de los tres órdenes de gobierno y que atienda la terrible realidad que enfrenta la Conagua, para fortalecerla presupuestalmente.

Manifestó que se requieren atraer fuentes privadas de financiamiento, incrementar la inversión al máximo y acabar con el conservadurismo absurdo de la Secretaría de Hacienda.

“Tenemos que fortalecer a la Conagua y ver cómo le hacemos para mejorar las inversiones en infraestructura que darán pie a la mejora de los organismos operadores, que es donde está el cumplimiento del ordenamiento constitucional del derecho humano al agua”, subrayó.

Por su parte, Víctor Lichtinger, presidente del Consejo Consultivo del Agua advirtió que “las leyes no cambian las cosas por sí solas”, y no es sólo cambiar las normas sino pensarlas muy bien para que sean efectivas, “no hacerlas sobre las rodillas, rápido y sin una discusión amplia”.