ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESTÁ GARANTIZADO EN TLAXCALA: PGJE.

·      La PGJE reconoce y respeta todo tipo de derecho a la protesta; sin embargo, exhorta a todas las asociaciones civiles y colectivos a trabajar juntos a través del diálogo para la construcción de soluciones. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través del uso adecuado de instrumentos legales, científicos, operativos y de atención especializada, garantiza a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, un acceso a la justicia ágil y eficaz, dando cumplimiento a su función constitucional de investigar los delitos y brindar la debida protección a las víctimas u ofendidos.

El titular de la dependencia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez reconoce al igual que el Gobierno del Estado, que la violencia de género es una realidad que amerita acciones a la altura del contexto actual, por ello, en esta administración se han dado soluciones urgentes y contundentes.

A pesar de que la legislación local en el Código Penal estableció desde el 2012 la tipificación del delito de feminicidio, la actual Administración Estatal registra avances importantes en la atención de esta figura, al radicar por primera vez Carpetas de Investigación por este delito.

De esta manera, en 2017 se iniciaron las primeras dos indagatorias por el delito de feminicidio, una de ellas actualmente ya fue concluida con una sentencia condenatoria; en tanto, la segunda cuenta con orden de aprehensión librada.

Para 2018 se radicaron tres investigaciones, de las cuales todas cuentan con imputado capturado; dos de ellos ya fueron sentenciados y uno más está en etapa intermedia.

En 2019, se contabilizaron cuatro feminicidios, en cada uno de ellos el imputado ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial.

En lo que va de 2020 se han contabilizado tres feminicidios, los cuales ya fueron esclarecidos con la captura de los tres agresores.

Estos resultados son gracias a la suma de voluntades, ya que en algunos casos el acercamiento de las asociaciones civiles y su acompañamiento a las víctimas, ha permitido crear una sinergia favorable para el procedimiento.

Por ello, José Antonio Aquiahuatl Sánchez mantiene una política de transparencia y puertas abiertas para cualquier organismo público, social o privado que coadyuve y sume esfuerzos en beneficio de las víctimas.

Con estos resultados, la Procuraduría de Tlaxcala trabaja minuciosamente para que cada muerte violenta en agravio de mujeres sea investigada de acuerdo al marco legal correspondiente, y con ello obtener una sentencia favorable que evite la impunidad.

Otra situación que aumentó la atención de las autoridades a nivel nacional durante la contingencia por Covid-19 fue la violencia familiar; sin embargo, en el caso particular de Tlaxcala, las denuncias iniciadas no reflejan un aumento en esta conducta, ya que los niveles registrados se mantienen en la estadística.

No obstante, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) mantiene un servicio multidisciplinario que brinda acompañamiento y atención integral a las mujeres que viven situaciones de violencia.

Una de las primicias de este organismo es la no revictimización, por lo que acorde con el marco normativo, por ningún motivo se procederá al desahogo de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en delitos de violencia familiar o sus equivalentes.

Desde que tomó la titularidad de la Procuraduría de Tlaxcala, Aquiahuatl Sánchez ha puesto en marcha mecanismos que permiten un mayor contacto con la gente. En este sentido, pone a disposición de la población la Línea de Atención Ciudadana, un servicio que brinda una solución inmediata a cualquier eventualidad.

El número de contacto es el 246 221 30 12 y está activo las 24 horas del día los 365 días del año y quienes deseen mandar un mensaje deberán proporcionar su nombre completo, el número de la indagatoria que tramita, una síntesis de la situación y el nombre del servidor público responsable.

Con todas estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado garantiza el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia, permitiendo construir avances importantes para erradicar esta conducta, dejando de lado las soluciones del pasado.