*CONTINÚA GOBIERNO DEL ESTADO ATENDIENDO ACCIONES DE LA ALERTA DE GÉNERO*

*Entregó Segob 329 constancias a servidores públicos en materia de detección de víctimas de trata de personas

En el marco de lo solicitado por el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Tlaxcala y del Plan Estatal de Desarrollo (PED), el gobierno del estado, a través del Consejo Estatal contra la Trata de Personas de la Secretaría de Gobierno (Segob), impartió el curso “Detección de Víctimas de Trata de Personas”, en el cual 329 servidores públicos recibieron su constancia de participación por haber concluido de manera exitosa.

El objetivo fue brindar herramientas al personal del servicio público para otorgar una atención multidisciplinaria y oportuna a quienes sean víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres.

Al respecto, el titular de la Segob, Sergio González Hernández, destacó que detectar a víctimas y posibles víctimas de la trata de personas es un mandato legal contenido en el artículo 62, fracción I, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, por lo que le corresponde a las autoridades brindar la atención y aplicar medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a quien se vea afectado por esta actividad ilícita.

“Ahora representan un núcleo importante a nivel comunitario, pues son estas redes de profesionales y de prestadores de servicio los que ahora hacen contrapeso a esta actividad delictiva”, expuso.

El curso fue facilitado por especialistas capacitados por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia (OPDAT) de la Embajada de Estados Unidos y se impartió en los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxco, Calpulalpan, San Pablo del Monte y Zacatelco

Se capacitó a trabajadores de las diferentes áreas en los institutos municipales de la Mujer, de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuradurías para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; así como policías, jueces y juezas municipales.

Asimismo, personal del Consejo Estatal contra la Trata de Personas y el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; además de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos (Ceavo), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del Poder Judicial, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).

También integrantes de los 25 Centros de Avistamiento de las Luciérnagas y particulares que forman parte de la estrategia “Tlaxcala es tu casa”, con la intención de realizar prácticas exitosas de prevención de este problema social desde el sector turístico.

La entrega de constancias tuvo lugar en auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a la que asistieron la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer; la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán; el encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ángel Zamora Ibarra; el director de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, Rafael Hernández Hernández; la diputada local y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas de la LXIV Legislatura, Lorena Ruiz García; las titulares del IEM, CJM y Ceavo, Nydia Cano Rodríguez, Gabriela Hernández Montiel y Dora Delia Hernández Roldán, respectivamente.

El gobierno del estado, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, aplica estrategias para que las y los servidores públicos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno se sumen a los esfuerzos y políticas públicas para prevenir, atender, combatir este delito y proteger a las víctimas.