ACLARA SMyT QUE CONCESIONES SE OTORGARON CONFORME A LA LEY Y CON VALIDACIÓN DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL

• El Comité de Validación es un órgano colegido integrado por SEGOB, SFP, SF, SOTIV y SMyT

Ante el otorgamiento de concesiones de transporte público en los municipios de Huamantla, Zitlaltepec y San Pablo del Monte, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del Gobierno del Estado de Tlaxcala aclaró que el proceso se realizó con estricto apego a la legalidad, sustentado en estudios técnicos de factibilidad y en declaratorias de necesidad pública previamente publicadas, además que, para garantizar la transparencia del procedimiento administrativo, este fue difundido a través del Periódico Oficial del Estado.
La dependencia estatal precisó que el otorgamiento de estas concesiones no fue arbitrario ni discrecional, sino que respondió a solicitudes formales de ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, de ahí que el otorgamiento se haya realizado en evento público el pasado diciembre de 2024.
Cabe mencionar que en la Declaratoria de Necesidad Pública para el Otorgamiento de Concesiones se reconoció la existencia de una demanda insatisfecha del servicio público de transporte público para municipios como Apizaco, Tlaxco, Huamantla, Chiautempan, entre otros. A partir de esta declaratoria, se recibieron las solicitudes y se dictaminaron conforme al procedimiento correspondiente.
Por lo que, los expedientes recibidos fueron debidamente integrados y turnados para su análisis y validación al Comité de Validación de Solicitudes y Procedimientos para el Otorgamiento de Concesiones de transporte público en sus diferentes modalidades, integrado por Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Función Pública, Secretaria de Finanzas, Secretaria de Ordenamiento Territorial y Vivienda y Secretaría de Movilidad y transporte, el cual aprobó el procedimiento de otorgamiento en cada caso.
Respecto al municipio de Zitlaltepec, la SMyT explicó que el otorgamiento de concesiones fue parte de una estrategia para sustituir el servicio irregular de mototaxis, no contemplado en la ley, a fin de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento del marco jurídico estatal. Esta decisión se tomó tras varias reuniones con autoridades municipales y operadores de mototaxis, de las cuales surgió la voluntad de varios de ellos para integrarse de manera formal al sistema de transporte autorizado.
En el caso de San Pablo del Monte, tras la recepción de solicitudes relacionadas con los Servicios Auxiliares de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, se realizaron los estudios y dictámenes técnicos correspondientes, los cuales fueron validados también por el Comité de Validaciones de Concesiones, en cumplimento a los criterios de eficiencia, transparencia y legalidad.
Cada solicitud recibida fue analizada conforme a lo establecido en la Declaratoria de Necesidad Pública para el Otorgamiento de Concesiones, la NOM-053-SCT-2-2010 que establece las características y especificaciones técnicas y de seguridad de los equipos de las grúas, para arrastre, arrastre y salvamento y del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el estado de Tlaxcala en materia de vías de comunicación, transporte público y privado; por lo que, una vez se realizaron los estudios técnicos de factibilidad correspondientes, fueron sometidas a votación y aprobación por parte del Comité Interinstitucional.
Finalmente, la SMyT reiteró que su principal objetivo es garantizar el derecho de la ciudadanía a una movilidad segura, ordenada y regulada, mediante acciones que permitan mejorar la calidad del servicio y fortalecer la legalidad en el sector. Esto incluye la regularización de unidades, el combate al transporte irregular, y la implementación de políticas públicas que atiendan las verdaderas necesidades de la población.
Asimismo, la dependencia reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, brindando certeza jurídica tanto a los operadores como a los usuarios del transporte público, en estricto cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes en el estado.