GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2013).-  Será este viernes cuando el pleno del Congreso del Estado avale al menos tres nuevas leyes. Se trata de la Ley de Transparencia, impulsada por la fracción parlamentaria del PAN, y las leyes de Movilidad y del SIAPA, ambas propuestas por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

Además, en la sesión ordinaria convocada para este viernes se podría someter a votación una reforma constitucional para crear la figura de candidaturas independientes. Hasta esta noche las comisiones de Asuntos Electorales y Participación, responsables de dictaminar esta reforma a la Constitución de Jalisco, aún no habían sesionado de manera conjunta.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Joaquín Portilla Wolff, anunció que la noche de este jueves podría sesionar o, en caso de no lograr consensos entre los legisladores, podrían reunirse en la mañana del viernes, previo a la sesión ordinaria.

Portilla Wolff explicó que la reforma constitucional implica adecuaciones para empatar la norma federal y la local y que hasta el próximo año se definirían los cambios al Código Electoral de Jalisco.

En la propuesta de reforma constitucional se prevé que para ser candidato independiente debe registrar el apoyo de un porcentaje de ciudadanos del padrón electoral de la circunscripción por la que pretenda contender, no debe haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido en los últimos tres años o seis en caso de que pretenda contender por la gubernatura, y en el caso de las prerrogativas tendrá derecho a que se le otorgue la misma cantidad económica y en tiempos oficiales en medios de comunicación que se le asignó al partido político con menor porcentaje. Estos requisitos podrán modificarse una vez que sesionen las comisiones que deben presentar el dictamen.

En el tema de la Ley Transparencia y la tipificación como delito de la desaparición forzada, los diputados integrantes de la fracción de Movimiento Ciudadano tienen observaciones, que presentarán este viernes en el pleno

En cuanto a la Ley de Movilidad, el PAN, MC y PRD pretenden discutir en el pleno el tema de la indexación de tarifas, pues se manifiestan en contra de la propuesta del Ejecutivo.

Mientras que en la Ley de SIAPA, los diputados de MC y el PAN observarán la creación de un Comité de Tarifas debido a que la Suprema Corte ya se pronunció argumentando que es inconstitucional.

Trascendió que a los diputados les urge sacar estos temas prioritarios de la agenda legislativa esta misma semana, porque personal del Poder Legislativo podría tomarse unas vacaciones de hasta tres semanas.

Seis diputados no quitan el dedo del renglón

Ante el rechazo de la Comisión de Administración de contratar 46 personas que serían asignadas a seis órganos técnicos, y la negativa de la Junta de Coordinación Política de incluir un acuerdo legislativo para que el pleno apruebe las altas en la nómina de cinco decenas de personas, los diputados que solicitan las contrataciones «se fueron por la libre» y presentaron su propio acuerdo legislativo.

Los diputados del PRI, Juan Manuel Alatorre Franco, presidente de la Comisión de Vigilancia; Bertha Yolanda Rodríguez, de la Comisión de Desarrollo Humano; Rafael González Pimienta, de Hacienda, y los panistas, Hernán Cortés Berumen, de Puntos Constitucionales; Juan Carlos Márquez, de Responsabilidades, y José Luis Munguía Cardona, de Seguridad, presentaron en el pleno la propuesta de contratar personal para que sea sometida a su discusión en el pleno en la sesión de este viernes.

El diputado de MC, Salvador Zamora, quien solicitó la contratación de cinco personas de última hora, afirmó que no votó el acuerdo legislativo, por lo que declinó su propuesta de que el Órgano Técnico de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, que él preside, contara con más personal.

Esta propuesta generó inconformidad de la presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto Lizaola, quien consideró que estaban pasando por alto el acuerdo del pleno del Congreso que determinó al inicio de la actual Legislatura que todas las contrataciones debían ser avaladas por la comisión legislativa que ella preside.