GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2013).- Una cuarentena de jóvenes que defiende a los 28 detenidos el 1 de diciembre de 2012 acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para entregar un oficio. Exigen al organismo que dé «celeridad» al procedimiento que inició por las quejas presentadas tras los hechos que devinieron en las aprehensiones y que emita recomendación a las autoridades.

Asimismo piden que «cumpliendo con lo dispuesto con el artículo 55 bis de la Ley de la CEDHJ la Comisión presente a la Agencia del Ministerio Público correspondiente la denuncia penal por la comisión de delitos tipificados por la normativa penal en contra de las autoridades responsables».

Romina Martínez Velarde, presente en el lugar, indicó que sigue el proceso contra 25 de los 28 que fueron arrestados. Adelantó que bajo el #Justicia1DGDL seguirán organizando actividades para manifestar su inconformidad con lo ocurrido el año pasado, con los procesos y la actuación de las autoridades.

Afuera de la CEDHJ, al menos tres jóvenes leyeron crónicas de lo sucedido el 1 de diciembre, entre ellos Lucila Sandoval, quien acompañó la marcha contra el presidente Enrique Peña Nieto de ese día y narró cómo no lograba salir del cerco policial que se instaló al exterior de Expo Guadalajara.

Lamentó que los jóvenes sujetos aún a proceso sean víctimas de la «burocracia» y que se intente «arrancar su libertad».

En torno a las 19:00 horas, una cuarentena dejó la CEDHJ y caminó sobre un carril de Pedro Moreno hacia el Parque Rojo, en Juárez y Federalismo. Agentes viales en una patrulla y dos motocicletas resguardaron la manifestación. Uno de los elementos estimó que no afectaron «mucho» la circulación de los autos.

Horas antes de la movilización, el presidente de la Comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, indicó que la investigación por las quejas ya concluyó. «Estamos por generar la resolución que corresponde, que tampoco puedo anticipar en qué sentido, pero la Comisión va a responder y va a resolver como corresponde».

Respecto a los siete meses que han pasado sin resolver, enfatizó que «la Comisión tiene sus propios tiempos y esos tiempos no obedecen a presiones de nadie: ni de autoridades ni de quejosos».