Por Gerardo Santillán

TLAXCALA, Tlax.- Mediante un convenio de colaboración signado por los gobiernos de siete entidades del centro del país, se tendrá “bajo la lupa”  a las casas de empeño que funcionan en sus territorios, para evitar que por ese medio se comercialicen artículos robados.

Además de Tlaxcala, firmaron el acuerdo el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Puebla, para aplicar la Ley Federal de Protección al Consumidor y crear un padrón estatal que tenga precisados los movimientos de esos establecimientos.

De acuerdo con el artículo 65 Bis 7 del ordenamiento referido, “las casas de empeño deberán hacer del conocimiento a la procuraduría que corresponda, mediante un reporte mensual sobre las operaciones que realizan”.

En el caso de Tlaxcala, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) será la encargada de hacer las verificaciones, mismas que serán más puntuales cuando una misma personas haya empeñado o vendido a la casa de préstamo tres o más artículos iguales o de naturaleza similar.

El convenio obligará a los gerentes de esas negociaciones a solicitar la intervención de la autoridad, si considera que el comportamiento de un cliente es atípico al empeñar constantemente objetos prendarios que pudieran provenir de un hecho ilícito.

De cumplirse estos supuestos, las casas de empeño deberán reportar datos del involucrado como nombre, domicilio, copia del IFE y tipo de bien o bienes empeñados ante el Ministerio Público de la PGJE para corroborar si existe acción penal o denuncia por el robo de bienes.

De comprobarse la responsabilidad de un particular, de inmediato los artículos empeñados quedarán inmovilizados, no así incautados, solo que no podrán ser vendidos hasta que su situación legal se resuelva.

Con esas acciones se busca inhibir la práctica de amantes de lo ajeno que tras hurtar algún bien, pretendan venderlo a una casa de empeño para obtener dinero fácil, y al mismo tiempo rastrear a sujetos con antecedentes.

Las casas de empeño o préstamo han tenido un auge en el último lustro, ante la necesidad de las personas por tener dinero rápido pero que no son particulares con acceso a crédito formal.