Acompañadas por dirigentes del Frente Cívico Guanajuatense Euquerio Guerrero, vendedoras indígenas se manifestaron frente al Congreso y fueron atendidas por diputados a los que pidieron intervenir para que el municipio deje de asediarlas, con el propósito de que dejen de ofrecer sus artesanías en el Centro Histórico.

Fueron ocho las vendedoras que se plantaron frente al Congreso el día de ayer, durante el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones. Entre las vendedoras se encontraba Estela Felipe Aniceto, quien resumió la situación que viven ella y sus compañeras.
“Pues tenemos miedo que nos quiten nuestras cosas, a mí me dijo el director de Fiscalización que le avisará a mi gente que ya no se podían parar en la calle, porque si nos encuentran paradas en la calle, llegan los inspectores y nos quitan la mercancía”, con esas palabras explicó de paso por qué en los últimos días poco se han dejado ver en el Centro Histórico.
El municipio insiste en que las vendedoras tienen permiso de ambulantes, por lo que debe ser constante su caminar.
Sin embargo, Martha Lilia Gallardo, representante común de las indígenas por decisión del FCG, comentó que si durante el FIC ocuparon parte de la banqueta sobre la calle de Sopeña, fue porque así lo autorizó el director de Fiscalización y Control después de plantearle que resultaba complicado que caminaran entre mucha gente.
Por su parte, Estela Felipe mostró documentos para exponer que hasta antes de que iniciara esta administración su permiso era de vendedora semifijo, no de ambulante como el que tiene ahora, en tanto que Martha Lilia Gallardo enfatizó que las autoridades no pueden hablar de si otorgan o no permisos a las vendedoras, porque ya existían y lo único que piden es que se les respete.
La integrante del FCG dijo que la sentencia en la que supuestamente se afirma que no se han violado derechos humanos de las vendedoras de artesanías, como declaró el alcalde, en realidad es un sobreseimiento de un amparo por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual resolvió que no había discriminación de inspectores “porque no supieron señalarlos con nombre y apellidos”.
El diputado Pedro Chávez Arredondo ofreció ser un puente entre ellas y las autoridades municipales, mientras que Galo Carrillo les solicitó entregar por escrito sus planteamientos.