TLAXCALA, Tlax.- Una nueva causal para determinar el delito de feminicidio y el aumento de la pena carcelaria mínima por cometerlo, propuso en una iniciativa de reforma al Código Penal local la diputada panista, María de Lourdes Huerta Bretón.

Asimismo, se incluye el imponer responsabilidades penitenciarias y económicas a funcionarios públicos por omisión, dilación o entorpecimiento malicioso o negligente de la procuración o administración de justicia al conocer de un feminicidio.

Durante la sesión ordinaria de ayer, Huerta Bretón propuso aumentar la pena mínima de 40 años y una máxima de 70 a quien cometa el delito de feminicidio, siempre y cuando el victimario haya tenido alguna relación sentimental, afectiva, docente o laboral con la víctima; en tanto, para el funcionario negligente la prisión sería de tres a ocho años.

La legisladora consideró  que Tlaxcala no debe encontrarse rezagada en el tema del feminicidio una vez que las reformas realizadas por la pasada legislatura al Código Penal entrarán en vigencia en diciembre próximo.

Y es que recordó que actualmente los reglamentos estatales todavía consideran al feminicidio como un homicidio doloso, esto a pesar de que desde el año 2012 quedó tipificado en el Código Penal local el delito de feminicidio con penas que van de 17 a 30 años de prisión y multas de 40 a 100 días de salario mínimo vigente en la entidad a quien prive de la vida a una mujer.

La iniciativa establece que si el victimario mantuvo una relación sentimental, afectiva, de confianza o de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad hacia una mujer, la sentencia oscilará entre los 40 y 70 años de cárcel y una pena económica de dos mil 179 a cuatro mil 620 días de salario mínimo.

También, se incluye que “al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, relacionadas con el feminicidio,  se le impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de quinientos a mil quinientos días de salario, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

Otros aspectos nuevos son obligar a que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) conserve registros fotográficos y de la descripción de lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido encontrada la víctima, a efecto de bases para integrar investigaciones de la misma naturaleza; mientras que cuando se trate de cadáveres no identificados, se lleve a cabo un estudio de ADN para determinar su identidad y colocarlo en un Banco de Datos de Información Genética, al que se incorporará la información genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas de feminicidio, cuando así lo soliciten o en cumplimiento a una orden de la autoridad judicial.