El gobierno del Estado a través de  la Consejería Jurídica del Ejecutivo buscará signar un convenio con la delegación de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) en Tlaxcala para reanudar la construcción de la Ciudad Judicial y de la Salud, que en días pasados fue suspendida.

Con base a información de la delegación de Profepa, la clausura de los proyectos de Ciudad Judicial y de la Salud debido a que se  removieron  aproximadamente 23.764 hectáreas de vegetación forestal, observándose  vestigios de árboles y arbustos extraídos con raíz, fustes derribados y semienterrados, árboles vivos en pie semienterrados por los movimientos de tierra y residuos vegetales dispersos.

Al respecto el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Héctor Maldonado Bonilla, explicó que el convenio que se  pretende entregar en los próximos días a la autoridad ambiental será en el término de reparar la zona forestal devastada al plantar árboles de renuevo en tres hectáreas.

“Estaríamos solicitando a la Profepa la subscrición de un convenio donde se vea un acuerdo para establecer las bases para compensar la parte relativa al predio donde al parecer hubo un tipo de afectación. El término del convenio será establecer bases para reforestar en mayor media las áreas que haya sido impactadas, será tres hectáreas más en adquisición con alguna otra alternativa que determine la autoridad ambiental”, expresó.

El funcionario estatal indicó que la suspensión de la obra por parte de Profepa fue una medida de seguridad como parte de un proceso administrativo al considerar un daño ambiental y ahora será el gobierno del Estado el responsable de atender cada una de las observaciones para que se reanuden los trabajos correspondientes.

“Se trata de una medida de seguridad interpuesta por la Profepa como parte de un proceso administrativo en el cual ya estamos tomando parte y en la cual estaríamos solicitando que concluya de manera satisfactoria en corto plazo. Esa media se lleva a cabo para efectos de que las cosas permanezcan en el estado que se encuentra y no haya más daños o afectaciones”, señaló.

Cuestionado sobre si hay algún responsable por la suspensión de la obra, Maldonado Bonilla dijo que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) es la dependencia encargada de solicitar los permisos correspondientes. En este caso, aseguró que sí cumplió con la integración del expediente así como los permisos para iniciar la obra, incluso, aseveró que por parte del sector ambiental el proyecto si es viable; sin embargo, será al final del proceso que se deslinde alguna responsabilidad así como una sanción económica que va de los 100 hasta los 20 mil salarios mínimos.

“La consejería se ha enfocado en la adquisición de la propiedad de los bienes inmuebles en que el Congreso del Estado de la autorizaciones necesarias para que podamos donarle al Consejo de la Judicatura  Federal y demás donatarios; en todo caso Secoduvi tiene su departamento jurídico y es la responsable de llevar a cabo los permisos de la obra pública. Aquí si se iniciaron los trámites, se envió una solicitud a Semarnat, se cumplió con la integración del expediente, pero cualquier autoridad administrativa puede emitir una resolución provisional o resolución provisional o definitiva y tiene sus criterios; afortunadamente como parte del procedimiento podemos intervenir y tenemos mecanismos de defensa y hay oportunidad de ofrecer pruebas y concluir en un convenio, que es lo que buscaremos”, insistió.

Finalmente, descartó que tras la suspensión temporal de las obras se registren un atraso o se ponga en riesgo la ejecución de las mismas.

“Básicamente es la  notificación de la semana pasada, no corre riesgo hay dictámenes en lo que la propia delegación de la Profepa dice que el proyecto es viable si se atienden algunas recomendaciones, en ese sentido estamos tranquilos y se va a concluir la obra en los tiempos programados”.